El Juzgado Social número 1 de Zaragoza ha ordenado a la DGA, al Salud y al IASS que entreguen equipos de protección individual a los profesionales sanitarios en el plazo de veinticuatro horas ante “los riesgos de exposición del Sars-CoV-2 y el riesgo de contagio”, según ha informado el sindicato Fasamet.
Los elementos que componen los equipos de protección individual son, entre otros, batas resistentes a líquidos o impermeables; protección respiratoria (“mascarillas”) con eficacia de filtración FFP2 o FPP3; protección ocular anti-salpicaduras, o de montura integral o un protector facial completo; guantes; gorros; calzas específicas; hidrogel o hidroalcohol biocida; y, contenedores de residuos, de diversos tamaños.
El Sindicato fundamentó su solicitud ante el Juzgado en un riesgo grave para la salud de los empleados públicos y de los pacientes y ciudadanos atendidos, derivado de la situación de pandemia, con un elevado porcentaje de contagiados y enfermos entre profesionales sanitarios.
“Es un hecho notorio y público que los empleados públicos, profesionales del ámbito de la sanidad, de la salud pública y de los servicios socio-sanitarios, están prestando sus servicios profesionales sanitarios con muchas dificultades para evitar la propagación de la enfermedad y el contagio entre la población y, entre los propios profesionales de la Sanidad, debido a la falta de medios de protección. Dicha falta de medios es un riesgo no sólo para la salud de los propios empleados públicos, profesionales sanitarios, sino para la salud de los pacientes, sus familiares y, en general, de los ciudadanos”, aseguraban.
El Sindicato Fasamet ha agradecido “el trabajo, más allá de su deber profesional, del conjunto de los profesionales sanitarios del sector público y del sector privado y del resto de empleados que prestan servicios esenciales a la ciudadanía y, en particular, a los funcionarios policiales, bomberos, militares y voluntarios de protección civil, que tienen que desarrollar su labor en condiciones deficientes”. También han hecho lo mismo con “los ciudadanos voluntarios y ciudadanía en general, que en muestra de solidaridad y responsabilidad individual y social, siguen las indicaciones de la autoridad sanitaria, para defender a la población ante la pandemia y para que los ciudadanos afectados puedan recobrar su salud”.
Por la competencia territorial del Juzgado, circunscrita a la provincia de Zaragoza, las medidas sólo se refieren a centros sanitarios de ésta. El lunes se formulará por el Sindicato la misma petición ante el Juzgado Social de Huesca y el de Teruel.
