Un 74% de los directivos considera insuficientes las medidas adoptadas en materia de financiación

También manifiestan como insuficiente el tramo inicial de 20.000 millones de euros en línea de avales (67%)

Los directivos aragoneses muestran su preocupación por las medidas recientemente propuestas por el Gobierno central para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19. Así lo refleja la encuesta que la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha realizado mediante consulta dirigida a sus directivos asociados, y que ha obtenido, en un breve periodo de tiempo de dos días, 142 respuestas.

Los participantes en el cuestionario han sido preguntados por aspectos como los ERTE, la moratoria fiscal, la financiación o la concesión de avales, y han aportado sus impresiones ante la situación que estamos viviendo.

Un 48% de los encuestados manifiesta estar afectado por alguna solicitud de ERTE. El 91% de ellos indica que no se ha resuelto todavía su petición y, en cuanto al 8,8% restante, cuya resolución ya se ha producido, la petición ha sido denegada en un 88% y autorizada en un 12,5% de los casos.

Acerca de la moratoria fiscal, existe coincidencia en manifestar que las medidas son insuficientes, en porcentajes que oscilan entre el 73%, en el caso del IVA, y el 68%, en lo relativo a pagos IRPF, ingresos a cuenta e Impuesto de Sociedades. Existe mayor coincidencia (80% de los casos) en manifestar que debería aplazarse la obligación de presentar liquidaciones en abril.

Un 74% de las respuestas considera insuficientes las medidas adoptadas hasta ahora en materia de financiación con la que atender las necesidades más urgentes. También manifiestan como insuficiente el tramo inicial de 20.000 millones de euros en línea de avales (67%).

Los directivos han pedido “medidas serias, como están haciendo en Francia o en Alemania, y han afirmado que, de no tomarlas, la pérdida de puestos de trabajo de la crisis inmobiliaria va a ser una broma comparada con esta”. Asimismo, han solicitado información “para poder tramitar estas ayudas” y han considerado que “en las actuales circunstancias van a existir muchos problemas técnicos, además de los económicos”.

También han realizado diferentes propuestas, como “un medio para evitar presentar un aluvión de liquidaciones en el mes de abril” o “ampliar la solicitud de aplazamiento de pagos hasta los seis meses, sin intereses, y poderlo alargar hasta doce meses con intereses bonificados”.

Los directivos han manifestado su preocupación por que “la tramitación de préstamos para pymes y autónomos podría demorarse demasiado y no llegar a tiempo para atender las necesidades urgentes de supervivencia de las empresas que han visto interrumpida su actividad, por causas ajenas a la propia evolución de su negocio y, mientras tanto, hay que seguir pagando alquileres, gastos corrientes, nóminas, etc.”.

Por último, se han mostrado críticos ante la gestión de esta crisis por parte del Gobierno por “poner en peligro la salud y la economía en nuestro país” y han denunciado que “España no ha realizado los deberes en los últimos años”.

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