Los autónomos reclaman un “fondo de segunda oportunidad” para compensar la pérdida de solvencia

Miles de propietarios autónomos tenido que cerrar su negocio o acometer el cese de actividad

La Asociación de Autónomos (UPTA Aragón) ha convocado una comparecencia virtual para analizar la situación actual del colectivo en la Comunidad y el escenario que se le presenta después del la aprobación del primer paquete de medidas económicas por parte del gobierno de España. Ayudas que, según la Asociación, aunque no dejan de ser positivas, deberían verse reforzadas en algunos aspectos. Por ejemplo, en cuanto al tipo de cobertura de la que puedan beneficiarse todos aquellos autónomos que, por causa de fuerza mayor o no, hayan visto reducida o cesada su actividad y, por extensión, su solvencia.

En este sentido, desde UPTA Aragón han querido trasladar al ejecutivo central la posibilidad de que este habilite un “fondo de segunda oportunidad” del que puedan echar mano los autónomos. Explica el secretario general aragonés, Álvaro Bajén, que el objetivo de la propuesta es que, de algún modo, pueda compensarse la “situación tan terrible” que van a verse obligados a encarar muchos de ellos de ahora en adelante. En estos instantes, Bajén reconoce que todos los esfuerzos están destinándose “como es lógico” a Sanidad. Sin embargo, asimismo cree que quizá es momento de plantear también -tanto a España como a Europa- una exoneración de deudas o pagos para los autónomos aragoneses y españoles.

La propuesta que ha lanzado UPTA, aclara Bajén, es que se computen “los 15 días de marzo para la solicitud del cese” o que, en cualquier caso, se establezca una mayor “flexibilidad de criterios” a la hora de que un autónomo pueda acogerse a las prestaciones. Recuerda el secretario general que, ahora mismo, el propio Real Decreto plantea dos tipos de supuestos para acceder a dicha prestación, pero recuerda que “una cosa es el cierre y otra el cese de actividad real”. Dos situaciones diferentes que siguen planteando un sinfín de dudas e incertidumbres que urgen ser “aclaradas”.

Entre ellas, la reformulación del límite legal establecido para entrar en la prestación, que el gobierno fijó en inicio en un 75% de pérdidas. Este punto, reconoce Bajén, “ha sido otro de nuestro conflictos”, por lo que asimismo han pedido una modificación porcentual al 50% de pérdidas o, en todo caso, que llegaran a establecerse “otro tipo de criterios de proporcionalidad”. Por ahora, según detalla el actual Real Decreto Ley 8/2020, la determinación de dicha pérdida de ingresos se basará en los datos del mes anterior a la solicitud del cese, que es febrero, por lo que habrá que mostrar una referencia semestral. Es decir, habría que presentar la media de ingresos entre agosto y enero, y, después, establecer si en febrero ha habido una disminución comparativa del 75%. Algo que para Bajén “no tiene mucho sentido”.

Asimismo, Upta Aragón estiman necesario que se clarifique la cláusula sobre la situación de otro tipo de autónomos, como los societarios o los servicios ofrecidos por dentistas y terapeutas, pues actualmente se encuentran, matiza Bajén, “entre pito y Valdemoro”, en medio de una laguna legal. Para solucionar todas estas cuestiones, desde UPTA Aragón ven conveniente establecer “una mayor coordinación” interautonómica para que se unifiquen los criterios de actuación, conforme a las direcciones generales de trabajo.

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