Una macrooperación de la Agencia Tributaria registra varias industrias de calzado en Illueca

La operación ha puesto el foco en las empresas de calzado de ocho comunidades, entre ellas Aragón
La operación ha puesto el foco en las empresas de calzado de ocho comunidades, entre ellas Aragón

La Agencia Tributaria ha iniciado este martes una macrooperación contra el fraude fiscal en la que inspeccionará a 74 sociedades y 29 personas físicas vinculadas a lo largo de ocho comunidades, entre ellas Aragón. Los registros, centrados principalmente en la industria del calzado, han afectado a varias empresas de Illueca, en la Comarca del Aranda. Los registros han provocado el enfado y malestar de los vecinos y trabajadores de la zona, que han acudido frente a las fábricas afectadas en una improvisada concentración de protesta.

El inicio de las inspecciones a compañías y personas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar) arranca mediante la personación de funcionarios del área de Inspección de la Agencia en 41 locales de este sector, según ha detallado el ministerio de Hacienda.

Bautizada como “Scarpe II”, la operación ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria e involucrado a más de 170 efectivos: 157 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática (UAI), agentes policiales y 15 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.

Aragón, con doce locales involucrados en el dispositivo, es la Comunidad más afectada, seguida de la Comunidad Valenciana (10), La Rioja (8), Castilla-La Mancha (4), Canarias (3), Asturias (2) y Andalucía y Galicia (1).

Las inspecciones, que continuarán en los próximos meses, tienen su origen cuando la Agencia Tributaria descubre el pasado año, y tras una serie de investigaciones en el sector, que la mayor parte de las sociedades involucradas estaban realizando ventas en “B” a otras empresas del sector.

En conjunto, las sociedades que ahora se han comenzado a inspeccionar cuentan con una cifra de negocios anual declarada de 240 millones de euros; sin que la Agencia Tributaria encontrase durante las investigaciones previas correspondencia entre estos importes declarados y las entradas registradas en las cuentas bancarias de las sociedades.

La Agencia Tributaria busca ahora acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos, para confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas y, en su caso, detectar la posible existencia de programas informáticos de ocultación de ventas y esquemas de facturación irregular.

El organismo dirigirá también las actuaciones a personas del entorno societario y familiar de las sociedades inspeccionadas que presentan signos externos de riqueza no coherentes con las rentas que vienen declarando, y que, en ciertos casos, además, figuran o figuraban como titulares de contratos de alquiler de cajas de seguridad en entidades financieras que ahora serán precintadas preventivamente por parte de los investigadores.

Con esta operación se trata de la segunda ocasión donde la Agencia Tributaria realiza una gran operación coordinada dirigida al sector del calzado. En 2014 efectuó la operación “Scarpe”, donde se realizaron personaciones en 29 establecimientos pertenecientes a once sociedades del sector, fundamentalmente minoristas.

El organismo aclara que la actual investigación u operación “Scarpe II” no tiene conexiones significativas con aquella operación, pero ha estado subrayando en sus sucesivos planes de control la conveniencia de revisar el comportamiento tributario en sectores donde ha apreciado problemáticas de cumplimiento fiscal, a los efectos de comprobar si los comportamientos tributarios han mejorado.

Con “Scarpe II” ascienden a 19 las operaciones sectoriales realizadas en los últimos años en distintos sectores de actividad, que además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal la Agencia Tributaria persiguen también “transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que tienen impacto en las arcas públicas y distorsionan gravemente la competencia en el propio sector”, detalla el organismo.

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