Fuertes Rocañín: "Un 70% de los presos tienen trastornos de personalidad y adicciones"

El presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, José Carlos Fuertes Rocañín
photo_camera El presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses, José Carlos Fuertes Rocañín

Se calcula que en torno a un 40 o 50% de los reclusos tienen problemas de salud mental serios. Además si a esta tasa se añade a las personas que tienen problemas de adicciones y trastornos de personalidad en porcentajes se dispara hasta un 70% y, sin embargo, no hay ni medios ni personal para tratarlos.

El presidente de la Sociedad Aragonesa de Psiquiatría Legal y Ciencias Forenses (Saplycf), José Carlos Fuertes Rocañín, asegura que la situación en las cárceles es “un auténtico caos” a lo que anima a plantearse tanto centros de internamiento, tanto psiquiátricos, penitenciarios, como los carcelarios convencionales. Para Rocañín, la prisión permanente revisable es una medida “adecuada, proporcional y que encaja plenamente con el ordenamiento constitucional”.

Pregunta.- ¿Es la prisión permanente revisable la solución?
Respuesta.- No, no es. Es una forma de poner un punto y aparte a un problema mucho más grave. El problema de la prisión permanente revisable es, ¿qué hacemos con este sujeto cuando está en la prisión? Es decir, solo se le aparta de la sociedad, solo utilizamos la cárcel con una medida de castigo o, como dice nuestra Constitución, tiene una misión rehabilitadora básica.

P.- Sin embargo, la cárcel no está hecha para castigar…
R.– Así es, nos guste o no es una medida de recuperación de una persona que ha cometido un delito, que ha cometido una falta y que la sociedad le recluye para que revise sus planteamientos, para que aprenda otros comportamientos y en definitiva para que pueda reinsertarse. En el caso de la prisión permanente revisable la reinserción es una medida secundaria porque no vamos a tener tanto tiempo ,ya que probablemente cuando salga se encontrará con una sociedad totalmente diferente a la que entra.

P.- Con su larga trayectoria profesional, ¿qué tipo de delincuentes calificaría como reincidentes?
R.- Los que tienen alteraciones o trastornos de personalidad; es decir, aquellos sujetos que tienen una estructura anormal en su personalidad son los que muy difícilmente se van a dar cuenta de que han cometido una falta, la van a explicar, la van a justificar y van a intentar por todos los medios compensar psicológicamente y esos sujetos son difícilmente reinsertables.

Fuertes Rocañín asegura que la situación en las cárceles es “un auténtico caos”

Un ejemplo son los pederastas o ciertos tipos de delitos contra la libertad sexual así como los que tienen trastorno de antisocial de la personalidad, los psicópatas… Estos sujetos, en muchos casos, no tienen ninguna conciencia de estar mal y ni de haber incluso cometido actos especialmente antisociales. Por tanto, si alguien no reconoce que ha hecho algo mal, ¿cómo vamos a encajar eso con la rehabilitación? Es muy difícil.

P.- Habla de una cadena perpetua atenuada, ¿cómo sería?
R.- La prisión permanente revisable es una cadena perpetua, es una prisión, digamos que sobrepasa los límites que hasta ahora tenemos establecidos de duración en el tiempo y que solo cuando se revise por un tribunal asociado en equipos de valoración y se considere que esa persona se ha rehabilitado -cosa que será muy discutible- en esos casos, después de un periodo larguísimo de ingresó en prisión ,podrían recuperar la libertad.

Lo que tenemos ahora en vigor es una cadena perpetua “más light”, un poquito más atenuada. Condenar a una persona a 25 años cuando en muchos casos se ingresa con 40, 35 o 20 años implica que una persona sale con 70 años o 65 de prisión.

P.– ¿A esa edad no podría reinsertarse?
R.- Digamos que la sentencia está puesta y difícilmente vamos a poder rehabilitar a alguien.

P.- Sin embargo… asegura que el castigo puede ser una forma de crear “corazas” que conduzcan a perpetuar un comportamiento en lugar de modificarlo…
R.- Claro, lo que está pasando en nuestro medio penitenciario es que muchos de los reclusos que ingresan no tenían que haber ingresado por que son enfermos mentales que tienen alteraciones psiquiátricas importantes.

P.- ¿Hay cifras?
R.– Se calcula que en torno a un 40 o 50% de los reclusos tienen problemas de salud mental serios. Si añadimos a los que tienen problemas de adicciones y trastornos de personalidad, el porcentaje se dispara a un 70%. Con lo cual la inmensa mayoría de los sujetos que están en el medio penitenciario tienen trastornos, alteraciones y enfermedades que deberían recibir un tratamiento médico.

P.- ¿Y lo reciben en prisión?
R.- Estos tratamientos en prisión no se pueden dar porque no hay ni personal ni medios. Hay asociaciones de funcionarios que vienen denunciándolo hace tiempo… No hay psiquiatras en prisiones, no existe esa especialidad, los poquitos que hay están contratados y solo existen dos psiquiátricos penitenciarios en toda España, están en Alicante y Sevilla y ellos tienen que asumir todo a lo que sería el tratamiento de los enfermos psiquiátricos, psíquicos y los enfermos que tienen posibilidades de cierta recuperación.

Para Rocañín, la prisión permanente revisable es una medida “adecuada, proporcional y que encaja plenamente con el ordenamiento constitucional”

P.– ¿Y cuál es la situación de los presos que tienen esa oportunidad de recibir tratamiento?
R.- La situación es terrible. El seguimiento de los reclusos en cuanto a tratamientos médicos es nulo. Se les da medicación los fines semana en cantidades para tres o cuatro días que ellos mismos se administran con lo cual se las toman a veces de una vez, hacen intentos de suicidio, trapichean con los medicamentos, ya que son medicamentos que pueden sustituir a las drogas de abuso y nos encontramos, por tanto, con un auténtico caos.

Deberíamos replantearnos todo lo que se supone que hoy los centros de internamiento, tanto psiquiátricos, penitenciarios, como los carcelarios convencionales.

P.- Hace unos días participó en un simposio en la Universidad de Zaragoza donde hubo cierta polémica con un fiscal cuando usted defendió que los forenses tenían que especializarse.
R.- Allí se hablaba de la pericia, de los informes periciales tanto públicos como los que realizamos los médicos que hemos sido forenses y estamos en excedencia desvinculados de los funcionarios y por parte de un fiscal se cuestionó que los informes periciales de parte son informes que intentaban alagar siempre al abogado que lo había contratado, que era un perito que estaba vendido y, por tanto, la objetividad e imparcialidad de los informes era más que dudosa.

P.- Es un problema que se plantea muchas veces, ¿no?
R.- Sí, los informes públicos versus los informes que presentan las partes. ¿Cuál es el problema fundamental? Los médicos forenses no tienen especialidad, son médicos generales que se ven obligados a intervenir en procesos diversos y lo que se planteó allí es que la especialización era necesaria.

Un médico forense, por muy neutral que sea, no puede en materia técnica competir con un especialista. No se le puede exigir a un forense que perite con la misma contundencia un caso ginecológico, traumatológico, psiquiátrico y se abogó por esa especialización y esto, este fiscal, lo vio como una forma de agresión pero para nada.

P.- ¿Se sintió atacado en algún momento?
R.- Sí, porque fue una situación personal. Hubo un gran aumento `ad hominem´ (contra el hombre) y creo que se hicieron unas manifestaciones inadecuadas, improcedentes desde mi punto de vista. Yo acepto la crítica, faltaría más, cualquier persona que expone en público una tesis tiene que aceptar la crítica, pero la crítica de los argumentos, no a la persona.