El Congreso aprueba la nueva senda de estabilidad con el voto a favor de Teruel Existe

Montero critica que PP, Vox y Cs rechacen esta senda para “bloquear el funcionamiento del país”

La mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados ha mostrado este jueves su apoyo a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para el periodo 2020-2023, que suponen una flexibilización de las metas de déficit y deuda fijados en 2018 por el Partido Popular. Tras recibir la aprobación de la Cámara Baja, entre cuyos votos favorables se ha encontrado el del diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, esta senda de estabilidad deberá recibir también el visto bueno del Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En concreto, la senda de estabilidad ha logrado el apoyo de 167 votos a favor (Partido Socialista, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y Teruel Existe, PRC), frente a 150 votos en contra (Partido Popular, Vox, Ciudadanos, Junts per Catalunya, CUP, UPN y Foro Asturias) y 19 abstenciones (ERC, Bildu y BNG).

Así se ha reflejado durante el debate en la Cámara Baja de estos objetivos, presentados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al límite de gasto no financiero, también conocido como techo de gasto, que servirán de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.

Durante su intervención, la ministra ha defendido la nueva senda de estabilidad señalando que la fijada por el PP en 2018 ya fue considerada entonces “poco realista” por organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), el Banco de España y la Comisión Europea. Montero ha asegurado que dicha senda es “irreal” y que supondría 7.000 millones menos para la Seguridad Social y 3.500 millones menos para las comunidades autónomas.

“La realidad ha demostrado que la senda del PP no era realista”, ha reiterado, para a continuación agregar que, votando en contra de la nueva senda, los grupos parlamentarios “estarían diciendo no” a medidas como el incremento de las pensiones o de la ampliación de los permisos de paternidad de cinco a ocho semanas, entre otras.

Por ello, ha criticado que PP, Vox y Cs rechacen esta senda con el objetivo de “bloquear el funcionamiento del país”. “Saben que es imposible el cumplimiento de esa senda”, les ha dicho en referencia a la actual senda vigente del PP, acusándoles de seguir “sumidos en el bloqueo”. En cuanto a Junts per Catalunya, la ministra ha apuntado a la importancia de aprobar la senda y los Presupuestos ahora que “estamos encauzando un diálogo político” sobre Cataluña, resaltando también que “esta senda es mejor” para dicha Comunidad.

Por parte del PP, la diputada María Elvira Rodríguez ha indicado el voto en contra de su formación al considerar que el Ejecutivo pide “un acto de fe”, ya que ha considerado “poco realistas” las estimaciones incluidas en el cuadro macroeconómico, así como las previsiones de ingresos de las medidas fiscales, que en su opinión no cubrirán las medidas de “gasto, gasto y más gasto”. “Este no es el camino”, ha declarado, para posteriormente resaltar la conveniencia de tener unas cuentas equilibradas.

Desde Vox, Inés Cañizares ha augurado un “futuro negro” con unos objetivos de estabilidad elaborados “sobre un escenario de ciencia ficción, inconcebible” y “unas cuentas que no son veraces”. “Cumplir con el déficit es el objetivo macroeconómico más importante y la estabilidad presupuestaria el fundamento de unas cuentas públicas saneadas”, ha afirmado, para acto seguido criticar que “gastar por encima de lo que uno ingresa es una irresponsabilidad suicida”.

Por su parte, el diputado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, ha destacado que el techo de gasto y los objetivos propuestos suponen que “después de un largo, injusto e inútil ciclo restrictivo, iniciamos una fase de política económica expansiva” y ha preguntado a las formaciones de la derecha qué políticas sociales desecharían para evitar el “despilfarro” que denuncian. Asimismo, ha resaltado la necesidad de que las rentas altas y las grandes compañías aumenten su contribución tributaria para aumentar los ingresos y garantizar la financiación de los servicios públicos.

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