Las incidencias de compañías telefónicas y eléctricas lideran las reclamaciones de los aragoneses

La OCU ha estrenado nueva delegación en Zaragoza, aunque estará atenta a denuncias de toda la Comunidad

Al igual que la media nacional, las principales reclamaciones y consultas de los consumidores aragoneses versan acerca de los problemas que sufren con compañías telefónicas y eléctricas. Son los datos que ha extraído la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de los 7.704 socios con los que cuenta en Aragón en 2019, que ahora podrán denunciar su situación de una forma más cercana gracias a la apertura este miércoles de una delegación en la capital aragonesa.

El candidato elegido para encarnar la delegación de Zaragoza es Alejandro Marín Abad, que ha señalado la importancia de atajar las reclamaciones de contratos telefónicos porque “muchas veces quedan sin respuesta”. Una situación que resulta de la escasa relevancia económica y el gran tiempo que necesitan los consumidores para arreglar los problemas con la operadora.

De cerca le siguen las demandas de los núcleos rurales respecto a cortes de suministros de energía eléctrica y telecomunicaciones. Abad ha explicado que las grandes operadoras de telefonía y energéticas no invierten lo suficiente por estos territorios porque “son poco rentables”, lo que propicia estos cortes y la correspondiente paralización de la actividad en la zona.

En este sentido, se ha comprometido a atender estas reclamaciones, así como a desarrollar una campaña de defensa de los consumidores y otra por un consumo responsable. Por tanto, el primer semestre de 2020 se reunirá, como representante de OCU, con el sector financiero para tratar asuntos como los gastos hipotecarios o el déficit de medios materiales y humanos en los juzgados especializados de Aragón.

En concreto, ha apuntado la escasez de estos recursos en las dependencias de Zaragoza, donde la admisión a trámite de una demanda es de dos años frente a los tres meses en el cómputo nacional y provoca que la justicia “no sea eficaz”. Asimismo, ha mostrado la iniciativa de encauzar las reclamaciones y asesoramiento de los acuerdos de novación y rebaja de las clausulas suelo, así como del IRPH y las tarjetas “revolving”.

También liderará una campaña de consumo responsable, bajo valores “de cuidado al medio ambiente, la Responsabilidad Social Corporativa de los negocios y transparencia”, ha remarcado Abad. De cara a los consumidores, sus principales acciones irán dirigidas a la formación e información sobre el ahorro energético y los mecanismos de compra colectiva.

Finalmente, el recién nombrado delegado de OCU en Zaragoza ha resaltado la ausencia de un interés económico de su organización, ya que se financian mediante un modelo de autofinanciación que sufragan sus socios. Además, pese a su intensa presencia en la capital aragonesa, también abarcará Huesca, Teruel y principales municipios y cabezas de comarca.

La OCU va a iniciar próximamente contactos con las diferentes administraciones de consumo en Aragón para plantear vías de colaboración con el objetivo de mejorar la protección de los consumidores en la Comunidad. Además, este miércoles tendrá lugar la primera reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza.

Los socios de la organización y todos los consumidores aragoneses dispondrán de un teléfono gratuito, el 900 907 509, donde podrán concertar una cita para atender cualquier consulta y reclamación en materia de consumo en las oficinas situadas en la calle Pedro María Ric 33, 2º dcha en el distrito centro de la capital zaragozana.

De esta forma, Zaragoza se erige como la tercera ciudad elegida para representar de forma física a la OCU, después de Bilbao y Sevilla. La OCU cuenta con 5.763 asociados en Zaragoza, 1.284 en Huesca y 657 en Teruel.

LADILLO DE CORONAVIRUS

Ante la alerta europea por la expansión del coronavirus en Italia, principal destino de los viajes de estudio y de Erasmus, la directora de comunicación y Relaciones Institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu ha alabado la acción del Ministerio de Sanidad, pero ha criticado que las aerolíneas no consideren causa de fuerza mayor su propagación.

“Pierden todo”, ha indicado Izverniceanu, que ha pedido a compañías aéreas y establecimientos hoteleros que consideren este miedo como causa de fuerza mayor para anular el viaje sin ningún gasto para el consumidor ni la empresa, sino “la devolución íntegra del dinero aportado”.

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