El Justicia de Aragón emitió 261 resoluciones en 2019 tras tramitar casi 2.500 quejas ciudadanas

El Justicia ha remitido a las Cortes su Informe Anual de Actividad

El Justicia de Aragón cerró el pasado 2019 con 261 resoluciones con sugerencias y recomendaciones a las administraciones públicas, 24 más que en 2018. En total, la Institución recibió 2.452 quejas ciudadanas que dieron pie a más de 1.500 expedientes, y en 62 casos fue el propio Justicia el que intervino de oficio. Son datos del Informe Anual de Actividad que el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha remitido este lunes a las Cortes.

De estas sugerencias y recomendaciones emitidas por el Justicia, las administraciones aceptaron más de la mitad (52%), mientras que solo un 16% de las resoluciones fueron expresamente rechazadas. El resto se encuentran todavía pendientes de resolución en la actualidad (19%) o fueron archivadas sin obtener ninguna respuesta (13%).

Los expedientes más comunes iniciados durante el último año por el Justicia se corresponden en su mayoría con temas relacionados con los departamentos de Sanidad, Educación o Hacienda. Así, las más numerosas tienen que ver con aspectos como las listas de espera en especialidades médicas, el proceso de escolarización de los centros educativos o las protestas ante impuestos como el ICA.

Además de la tramitación de estas quejas, el Justicia de Aragón destaca en su informe su labor en otros procesos como las mesas de diálogo y mediación en temas como el ruido generado por el ocio nocturno en la ciudad de Zaragoza o la soledad no elegida de las personas mayores. Sobre esta última ha incidido especialmente Dolado para recordar que los resultados de esta iniciativa van a concluir en los próximos meses con un observatorio contra la soledad no deseada que gestionará el propio Justicia.

Consecuencias judiciales para quienes no acepten sus recordatorios de deberes legales

El Justicia de Aragón ha incidido también en el “notable descenso” de los recordatorios de deberes legales que su Institución ha emitido en 2019 contra las diferentes administraciones públicas aragonesas, que baja de 35 a trece. En ese sentido, Dolado ha advertido que este tipo de advertencias puede incluso acarrear consecuencias legales si el destinatario insiste en desoírlas.

“Una vez que hagamos el tercer recordatorio, y ese lo hago ya personalmente, no nos quedaríamos ahí y derivaríamos a la Fiscalía por si acaso se diese el tipo penal de la desobediencia”, ha explicado Dolado, quien con todo ha incidido en que esta acción sería “una bala que no quiere emplear”.

Una nueva Ley del Justicia de Aragón que fije un mandato único de siete años

Como uno de los principales retos que afronta su Institución de cara al futuro, Ángel Dolado ha recalcado la necesidad de contar con una nueva Ley del Justicia de Aragón que sustituya a la actual promulgada en 1985. Una nueva normativa para la que el Justicia ya se ha puesto en contacto con todas las fuerzas parlamentarias, a las que ha remitido un escrito con hasta once aspectos a tratar.

Entre ellos, Dolado ha destacado la necesidad de fijar un “mandato único” para cada Justicia de Aragón, que solo podría permanecer en su cargo siete años. Con esta medida, que ya se aplica en otras comunidades con instituciones similares, el Justicia ha explicado que el cargo quedaría protegido ante posibles intereses políticos.

“Reivindico la independencia de estas instituciones porque si no habría que hacerlas desparecer”, ha explicado Dolado, para quien si los diferentes Justicias fueran “meros representantes” de las Cortes no tendría sentido. “Yo así no juego”, ha finalizado.

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