Aragón podría contar con 80 nuevas licencias VTC operativas dentro de cinco meses

La DGA ha presentado este viernes el Plan de Inspección de Transporte por Carretera

Las licencias VTC constituyen uno de los focos principales del Plan de Inspección de Transporte por Carretera de Aragón, presentado este viernes en Zaragoza, ya que en los próximos meses la Comunidad podría incorporar 80 nuevas autorizaciones a este tipo de vehículos. El Plan se actualiza anualmente y que en esta edición, como novedad, permitirá la realización de manera telemática de los requerimientos a empresas, solicitudes de documentación o la tramitación de las sanciones.

El consejero de Vertebración del Territorio de Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha explicado que, en estos momentos, existen en la Comunidad un total de 2.241 licencias de taxi por las 182 de VTC, con las que la región se sitúa en el ratio de una licencia VTC por cada una de taxi, lejos de la norma de “una por cada treinta”, fruto de la liberalización del sector producida en el año 2019, que causó el desembarco de un gran número de estos vehículos.

Sin embargo, Soro ha anunciado que el Ejecutivo autonómico tenía acumuladas 80 peticiones de licencias VTC que se ha visto obligado a aceptar por la sentencia emitida por las autoridades judiciales. Estas peticiones se remontan a 2013 y 2015 y, según ha explicado el consejero, el Gobierno de Aragón tiene un plazo de cinco meses para tramitar estas peticiones, por lo que cabe la posibilidad de que pasado este plazo la empresa pueda operar en Zaragoza.

De hacerlo, ha indicado Soro, sería bajo las condiciones actuales, “bastante estrictas” según el consejero, tales como la existencia de un plazo de quince minutos desde que se contrata el servicio hasta que el vehículo sale de la base, la prohibición expresa de que los VTC circulen por la vía pública o permanezcan estacionados buscando clientes o la prohibición de activar la geolocalización, entre otras. A pesar de ser una “competencia municipal”, Soro ha llamado a la cooperación institucional para diseñar una normativa.

De igual manera, el director general de Transporte, Gregorio Briz, ha alertado sobre el vacío legal que existe en torno a las furgonetas de reparto de venta online. Según ha explicado, la normativa refleja que si el peso del vehículo es inferior a dos toneladas, puede repartir, lo que hace que, de las 40 furgonetas inspeccionadas, solo se han interpuesto denuncias en ocho de los casos, ya que las 32 restantes quedan fuera de la normativa aplicable por su peso.

“Es algo que depende de la normativa europea y queremos llevar esta cuestión a Europa para intentar modificarla”, ha explicado Briz, anunciando que el próximo lunes, 24 de febrero, está prevista una reunión con el presidente de la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), José Antonio Moliner, y con la eurodiputada zaragozana Isabel García para tratar estas cuestiones.

Asimismo, el director general ha destacado las inspecciones sobre los tiempos de conducción y descanso, así como las actividades fraudulentas de algunas cooperativas, que dan cabida a falsos autónomos y, por tanto, incurren en competencia desleal. “La inspección de trabajo, con la que también se colabora, va a plantear la posible descalificación de estas cooperativas, así como de las llamadas “empresas buzón” (compañías con sede en países Europa del este pero que operan en España, lo que les reporta beneficios fiscales). Estas cuestiones, según ha reconocido, preocupan tanto al departamento como a Tradime, representante del sector.

Balance de 2019

El consejero de Vertebración del Territorio ha hecho balance del ejercicio de 2019, en el que ha destacado que durante este año se detectaron por parte de trabajadores de la un total de 448 infracciones por parte del personal del Gobierno, de las cuales las más numerosas son respecto al incumplimiento de los tiempos de descanso, con 161 infracciones detectadas, y respecto al exceso de peso en los vehículos, con 177. Al margen de estas sanciones quedan las detectadas por la Guardia Civil.

El Plan persigue, en primer lugar, el cumplimiento de la normativa, pero también vela por otros intereses como impulsar la seguridad vial, velar por las condiciones laborales de los trabajadores del sector del transporte, luchar contra la competencia desleal o detectar escenarios de fraude. Ante esto, Soro ha resaltado como “clave” la cooperación de las instituciones como la DGA, las fuerzas de seguridad del Estado, las inspecciones de trabajo o Tradime.

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