La DGA defiende su gestión pública de conservación de carreteras tras el encierro de los sindicatos

De esta forma, el Gobierno de Aragón quiere confirmar su voluntad de mantener su apuesta directa por la conservación pública

“No solamente los rechazo, es que son absolutamente infundados”. Así de contundente ha respondido el director general de Carreteras, Bizén Fuster, a las críticas de los sindicatos que les acusaban de privatizar el servicio de conservación de carreteras. Este pasado lunes, un grupo de representantes de los trabajadores iniciaron un encierro por este motivo, aunque fueron desalojados por la Policía Nacional alrededor de las 19.00 horas.

Ante estas cuestiones, Fuster ha defendido que “si algún gobierno garantiza la continuidad de los servicios públicos en conservación de carreteras es este”, argumentando que “ha reforzado las guardias de atención continuada y vialidad invernal, va a poner en marcha un plan de adquisición de maquinaria y vehículos, y está reponiendo todas las vacantes por jubilación o enfermedad de larga duración”.

Respecto a la compra de maquinaria, Fuster ha explicado que se van a adquirir entre 23 y 25 vehículos homologados de forma directa y unos 40 a través de leasing. En global, se incorporarán 63 vehículos con una inversión de cuatro millones de euros. “Es una demanda histórica de las brigadas de conservación. Solamente se han hecho dos compras significativas, una en 1992 y otra en 2006”, ha señalado.

Además, el director general de Carreteras también ha informado a los sindicatos sobre la elaboración en curso de un Plan Extraordinario de Carreteras, que supondrá una inversión de 310 millones de euros, a través de un modelo concesional. “Es la única forma legal y jurídica posible para acometer una inversión demandada por todos los aragoneses. Implica la conservación de esos tramos de carreteras que se incluyan en la adjudicación”, ha expuesto. En total, afectará a 1.800 kilómetros de la red básica y el objetivo es que, paralelamente, se pueda llegar a la red secundaria.

De esta forma, el Gobierno de Aragón quiere confirmar su voluntad de mantener su apuesta directa por la conservación pública, “complementada con los trabajos de las empresas de mantenimiento, como se ha venido haciendo en los últimos años”.

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