El TSJA ratifica el pago de tres millones de la DGA a Acciona por el contrato del Hospital de Teruel

El TSJA entiende que la Administración autonómica actuó de forma “unilateral” al replantear el proyecto

El Gobierno de Aragón deberá afrontar una indemnización a la constructora Acciona de tres millones de euros por la anulación del contrato del nuevo Hospital de Teruel en 2015. Así lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en una sentencia que suscribe la emitida ya por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 2 de Zaragoza en 2016.

En aquella ocasión, los tribunales dieron la razón a Acciona, que obtuvo el contrato de obras en 2012, pero que tres años después se anuló para revisar el proyecto ante el riesgo sísmico existente en la ubicación del centro hospitalario.

En su fallo, el TSJA entiende que la Administración autonómica actuó de forma “unilateral” al replantear el proyecto, sin ejecutar el replanteo de obra dentro de los plazos previstos por la ley. De esta forma, la sentencia considera “justo” que la DGA “asuma las consecuencias” e indemnice con tres millones a Acciona. Una cantidad a la que se sumarán también los intereses durante estos años.

En sus alegaciones, la DGA expuso que la empresa adjudicataria sabía también del riesgo sísmico de la zona en la que se iba a ubicar el proyecto, así como del retraso que se iba a producir en el replanteo de la obra. Sobre esto último, desde la Administración se sostiene que Acciona estuvo de acuerdo al firmar un reajuste de anualidades de proyecto.

Argumentos que el TSJA no ha tenido en cuenta al reflejar en su auto que los retrasos en la dirección de obra no son responsabilidad de la empresa adjudicataria. Tampoco acepta el juez las explicaciones sobre que Acciona conocía el riesgo sísmico de la zona en las mismas condiciones que la propia Administración, ya que sostiene que esta última era conocedora del problema desde 2009, tres años antes de la adjudicación de las obras.

Ahora, el Gobierno de Aragón tiene derecho a elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo máximo de 20 días desde la publicación de la sentencia.

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