Mayte Pérez busca a Castilla y León y Asturias para aumentar la financiación del Fondo de Transición

El Fondo de Transición Justa destina 7.500 millones de euros, de los que 376 millones van a España.
El Fondo de Transición Justa destina 7.500 millones de euros, de los que 376 millones van a España.

La consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, se ha desplazado este martes hasta Bruselas con motivo de la asamblea constitutiva del Comité Europeo de las Regiones, que se celebra hasta el próximo jueves. Allí, Pérez ha mantenido antes de la sesión un encuentro con representantes de las comunidades de Asturias y Castilla y León con el objetivo de debatir estrategias para incrementar la participación de España en el Fondo de Transición Justa.

El destino de esta cita es tratar con las otras dos regiones carboneras españolas qué fórmulas hay para mejorar la posición en el reparto del Fondo de Transición Justa, por el que de los 7.500 millones de euros que en principio repartirá la Comisión Europea van 376 millones a España.

La consejera ha recordado que Aragón comparte con Castilla y León y Asturias no solo un problema como el de la despoblación, sino “de manera especial otro que tiene que ver con el fin del carbón”. El objetivo de la reunión de este martes es “analizar cuál es la estrategia” que pueden adoptar las tres regiones para “poder salir bien parados”, para lo que Mayte Pérez ha abpgado por formar “un lobby” a través del cual, “junto con el Gobierno de España”, las tres comunidades autónomas mejoren su posición en el reparto.

La responsable de Presidencia ha mantenido esta reunión y una comida de trabajo con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, con al director general de Acción Exterior de esta comunidad, Carlos Aguilar, y con el director general de Asuntos Europeos de Asturias, Javier Vila.

Subvenciones a las empresas de Teruel

A la vez, Pérez ha tenido oportunidad de reunirse con el director de una oficina bancaria en Bruselas y ponente de un informe del Tribunal de la Competencia de Aragón, José Luis Buendía, que sitúa a la provincia de Teruel como posible destino de importantes ayudas laborales de la Unión Europea por su reducida densidad de población.

El mencionado informe -no vinculante- del Tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón parte de una solicitud del Gobierno de Aragón el 18 de enero de 2019. Tiene su origen en el cambio en 2017 del Reglamento 651/2014 de la Comisión Europea y está relacionado con el hecho de que la provincia de Teruel tenga una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (en concreto, 9,2 hab/km2), con lo que encajaría en las denominadas nuevas “zonas con muy poca población”.

Un precedente notable lo constituye Noruega, afectada por condiciones climáticas adversas y lejanía demográfica. Para compensarlo se aprobó un esquema de ayudas que consiste esencialmente en eximir de cotizaciones sociales -o reducirlas de forma sensible- a todas las empresas situadas en regiones despobladas. A continuación fueron regiones de Finlandia o Suecia las que accedieron a estas ayudas.

En el mismo supuesto solo habría cuatro provincias en Europa: Teruel, Soria, Euritania (Grecia) y una zona en Escocia. La modificación de 2017 diferenció zonas “poco pobladas” (menos de 12 hab/km2) de las “muy poco pobladas” (8 hab/km2), de forma que excluía a las cuatro provincias mencionadas, entre ellas la turolense.

En estas zonas “muy poco pobladas”, las ayudas pueden incluir también hasta el 20% de los costes de personal de las empresas, bien con exoneración de los costes de la Seguridad Social bien con subvenciones o exenciones fiscales.

No obstante, el Reglamento deja una puerta abierta: que el Estado miembro solicite -y motive- a la Comisión Europea la inclusión de estas provincias en el mapa de ayudas. La motivación es que la Comisión ya había reconocido con anterioridad que los problemas de poca densidad en las regiones con menos de 8 hab/km2 es comparable a los que sufren las provincias con menos de 12,5 hab/km2.

De lograr que la Comisión incluya a Teruel en estas ayudas, España podría adoptar en esta provincia exenciones a la Seguridad Social para las empresas radicadas en esta zona, o cual permitiría atraer nuevas empresas y retener el empleo ya existente. En ese caso, el nuevo régimen de ayudas podría entrar en vigor en unos meses.

“Es una ventaja competitiva de primer orden que vamos a trabajar en las próximas semanas técnica y políticamente con el Gobierno de España para que pueda ser una realidad lo antes posible”, ha explicado la consejera de Presidencia.

Pleno del Comité Europeo de las Regiones

Por la tarde, Pérez va a estar presente en la apertura del pleno del Comité Europeo de las Regiones (CDR) y en la intervención del presidente provisional, Karl-Heinz Lambertz. Asimismo, este miércoles serán elegidos los nuevos presidente y vicepresidente. El CDR es un organismo consultivo de la Unión Europea compuesto por representantes elegidos a escala local y regional, procedentes de todos los Estados miembros de la UE.

Este Comité permite a las regiones y ciudades participar formalmente en la elaboración de la legislación de la Unión, garantizando el respeto de la posición y las necesidades de los entes regionales y locales.

La Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo deben consultar al CDR al elaborar legislación sobre asuntos relacionados con la administración local y regional, como la sanidad, la educación, el empleo, la política social, la cohesión económica y social, el transporte, la energía y el cambio climático.

El CDR también emite dictámenes por iniciativa propia. El Comité organiza su trabajo por medio de comisiones internas, que están especializadas por ámbitos temáticos. Aragón pertenece a dos de ellas: Coter, de política de cohesión territorial y presupuesto de la UE, y ENVE, de medio ambiente, cambio climático y energía.

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