Muchos españoles, socialistas, comunistas o liberales son católicos, otros no.

El Estado Español es aconfesional, como tal, debe garantizar que los que no sean católicos sean respetados y nadie les obligue a prácticas religiosas en las que no cree, como a que los que sí lo son puedan manifestarse, practicar y tener ACCESO FÁCIL a los servicios religiosos que son propios de su fe.

El Estado no puede ni debe impedir, o limitar, las prácticas religiosas de un colectivo tan importante como los católicos en este país. Me estoy refiriendo al último globo sonda, O MEJOR, LA AMENAZA lanzada por los que ostentan al poder, contra nada más “peligroso” que los capellanes de los hospitales. ¿Qué pasa, no es importante para un moribundo católico contar con la asistencia de un sacerdote que le ayude en tan cruciales momentos?, ¿Quién es un burócrata para impedirlo?, ¿Que no se puede pagar con dinero público?.

Quien dice esto no debe saber que ese dinero público salió de los impuestos que durante toda su vida pagó ese moribundo (o simplemente enfermo), con su trabajo. ¿Qué cree el político de turno (siempre de izquierda, sin soluciones para los problemas reales de los ciudadanos) que esos impuestos eran solo para sus coches oficiales, sus comisiones infinitas, sus sustanciosos sueldos?

No, el dinero de nuestros impuestos está para pagar todo eso, aunque algunos no lo merezcan, pero además para pagar una sanidad, una educación, unas carreteras, una seguridad que sean lo mejor posible, las utilicemos o no. Y un capellán en un hospital, lo utilicemos o no.

Ángela Díaz

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