El PSOE solicita inspecciones en todos los parkings públicos de la ciudad

Ortiz ha criticado la "falta de información" por parte de PP-Cs
photo_camera Ortiz ha criticado la "falta de información" por parte de PP-Cs

El Partido Socialista ha pedido al Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos que realice una inspección de todos los parkings públicos que hay en la ciudad. El objetivo es garantizar la seguridad de las instalaciones y de los usuarios, y también conocer “cómo pueden verse afectadas en un futuro las calles, plazas públicas y otras construcciones o edificaciones que pueda haber”. Una preocupación que viene generada tras la clausura del parking de la plaza Salamero, que sufrió un abombamiento del forjado, “relacionado, al parecer, con las filtraciones y humedades de la zona superior de la plaza”, según ha explicado la edil socialista María Ángeles Ortiz.

La concejal ha reiterado su preocupación en la Gerencia de Urbanismo celebrada a primera hora de este lunes, donde el PSOE ha aprovechado también para solicitar más información sobre el suceso, pero “se nos ha contestado que todavía no existen informes definitivos, por lo que no nos han adelantado ninguna información al respecto”.

Desde el PSOE consideran que hay ·cuestiones importantes· que deben resolverse, ha destacado Ortiz, haciendo referencia a temas como la seguridad, las repercusiones económicas que puedan haber de cara al Ayuntamiento de Zaragoza e incluso responsabilidades jurídico y legales. Del mismo modo, el PSOE quiere saber qué planes tiene el gobierno para el futuro de esta plaza.

Hechos, ha lamentado Ortiz, que no son nuevos para el PSOE. Y es que, tal y como ha recordado, en estos meses de gestión del Gobierno de PP-Cs, “cuando ocurre algún acontecimiento que consideramos de gravedad, en ningún momento se nos facilita la información por parte del área correspondiente” y eso hace “que tengamos que insistir constantemente”.

En el caso concreto del parking de Salamero, el PSOE considera que se trata de una afección “muy importante, que puede incluso entrañar riesgos”, por lo que el Gobierno “debería de haber informado a toda la Corporación y también a los vecinos y comerciantes de la zona, así como a todas las personas afectadas por el cierre de las instalaciones”, ha defendido Ortiz.