Cuatro de cada diez trabajadores de la DGA carece de contrato fijo

Según el informe, la DGA cuenta actualmente con 11.144 trabajadores, sumando personal funcionario (7.776) y laboral (3.368)

El 39,91% de los trabajadores de la Diputación General de Aragón carece de un contrato fijo. Así lo revela un informe de CCOO sobre la temporalidad en la administración pública autonómica, que destaca que esta situación tiene “especial relevancia” en las mujeres, donde ese porcentaje asciende al 44,47% por el 30,39% de los hombres.

Según el informe, la DGA cuenta actualmente con 11.144 trabajadores, sumando personal funcionario (7.776) y laboral (3.368). Además, tal como ha explicado la secretaria de empleo de CCOO en la administración, Tania González, todas las categorías más feminizadas tienen las más altas tasas de temporalidad, “como por ejemplo las Auxiliares de Educación Especial con casi un 79%, PESD con el 66%, o Auxiliares Administrativos con el 54,86%”.

Una problemática generada, ha expuesto González, porque “hay categorías de los grupos inferiores que no han tenido posibilidades, o solo han tenido una, en los últimos diez años de presentarse a oposiciones y estabilizar su empleo, como es el caso del personal laboral o la categoría de auxiliares administrativos”. Frente a esta situación, determinadas escalas de los grupos superiores han disfrutado de varias oportunidades como Administradores Superiores o Técnicos Medios de Gestión de Empleo, con seis y siete convocatorias.

Desde CCOO esperan que, con las convocatorias de plazas acordadas con la Administración, se reduzca en parte la alta temporalidad. El sindicato pactó en el mes de noviembre pasado un calendario de ejecución de las Ofertas de Empleo Público pendientes que se llevará a cabo entre 2020 y 2022 y que afectará a 2.500 plazas.

No obstante, para CCOO estas cifras “todavía resultan insuficientes”. Afirman que, manteniendo la misma plantilla actual, la temporalidad quedaría en más de un 17%, cifra que supera el 8% que el sindicato fija como idónea. “Con ello no se cubrirían ni jubilaciones, ni plazas vacantes ni de nueva creación, necesarias en muchos casos para poner en marcha nuevos servicios o para que los ya existentes se doten con el personal suficiente para la prestación eficaz del servicio público que tienen encomendado”, han explicado.

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