Cerca de 6.200 aragoneses están a la espera de ser atendidos en materia de dependencia

La consejera ha reclamado más ingresos del Gobierno de España

Uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de Aragón era cumplir con la ley de dependencia. Para ello se aumentó la partida presupuestaria en 51 millones de euros, se apostó por los servicios, se agilizaron los trámites y se aumentó el personal en 121 personas. Estos cuatro factores han sido “fundamentales”, en palabras de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, para conseguir que en 2019 haya un total de 6.236 personas pendientes de ser atendidas, un 58% menos desde junio de 2015, siendo la tercera Comunidad que más desciende.

“Cuando llegamos al Gobierno más del 30% de las personas que habían pedido asistencia no la tenían. Teníamos que acabar con esa situación y lo hicimos poniendo en marcha la teleasistencia, la ayuda a domicilio y la promoción de la autonomía personal”, ha recordado Broto. Para ello, ha recordado, “hubo que aumentar la partida presupuestaria que pasó de los 181 millones de euros a los 232, un aumento de 51 millones de euros de los cuales 45 van destinados a los servicios y seis prestaciones en el entorno familiar”.

“Para aplicar la ley es fundamental tener personas trabajando exclusivamente en la dependencia y se pasó de tener 76 trabajadores a 121, un aumento del 60%”, ha apuntado recordando que la ley “era muy compleja y difícil de aplicar y había que agilizar los plazos”.

Unos plazos, ha celebrado, “que están a punto de cumplirse conforme a la ley para las prestaciones de dependencia” que se establecen en tres meses. Actualmente desde que una persona solicita una atención hasta que se resuelve pasan de media ocho meses en Zaragoza, seis en Teruel y uno o dos meses por encima de los seis meses de plazo en Huesca.

Además, la consejera ha querido dejar claro que es “absolutamente falso” que fundamentalmente se dé atención a personas de grado uno. “Somos la cuarta Comunidad que más ha aumentado en el porcentaje de personas atendidas de grado uno, dos y tres”, ha dicho reconociendo que “la atención en grado uno es fundamental porque supone mejorar la calidad de vida durante un mayor tiempo y evita que se llegue al grado dos o tres”. El mensaje de la consejera ha sido claro: “la sociedad aragonesa debe confiar y creer en la ley de dependencia porque funciona”.

El gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón (IASS), Joaquín Santos, ha expuesto todos los datos desde junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2019 poniendo el foco en que durante el pasado año se atendieron a 33.033 personas, “casi el doble que al inicio de la legislatura con una subida del 97% a lo largo de este periodo y convirtiéndose en la segunda Comunidad que más ha incrementado el porcentaje de personas atendidas”. Por provincia ,19.420 de los atendidos fueron zaragozanos, 9.381 oscenses y 4.232 turolenses.

Personas con derecho

Aragón es la cuarta Comunidad que más ha aumentado en el porcentaje de personas con derecho a ser atendidas. A día de hoy son más de 39.000, un 24% más respecto a junio de 2015. Este aumento, ha explicado Joaquín Santos, responde a que “ahora se ha solicitado más, el plazo antes era muy amplia y esto desincentivaba aunque ahora las persona han vuelto a interesarse”.

Partidas estatales

Los ingresos estatales para la dependencia en Aragón han pasado de 28 millones de euros en junio de 2015 hasta los 39 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2019. Una partida que la consejera ha reconocido que es “insuficiente para dar respuesta a las personas dependientes”.

“Siempre seguiremos pidiendo más, hay que acabar con los recortes de 2012 y aumentar el porcentaje de financiación a la dependencia”, ha concluido.

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