Fernando Tirado Aznar / Jurista

Un Ministerio de Consumo

Fernando Tirado

España tendrá por primera vez en sus 42 años de Gobiernos democráticos un Ministerio monotemático dedicado al Consumo, que regulará todo lo relativo a los derechos de los consumidores y usuarios en el ámbito de las competencias estatales. Aun no sabiendo todavía el contenido de sus políticas, desgajado del de Sanidad, nos parece una buena noticia para los profesionales del Consumo, pues esta materia transversal estaba desdibujándose cada vez más por el traspaso de las competencias a las Comunidades Autónomas, y la supresión por el Gobierno de Rajoy de la competencia municipal que la Ley de Régimen Local reconocía como propia a los ayuntamientos, dando lugar al cierre y desmantelamiento progresivo de las OMIC.

Sí se conoce, por los medios de comunicación, que el Departamento tendrá competencias sobre las casas de apuestas: restricción de publicidad, mayores controles en la proximidad a centros escolares para evitar que los menores puedan jugar, reducción de horario de apertura, e incluso la prohibición de algunas apuestas concretas como puedan ser las deportivas.

Si desde 1984, cuando se promulgó la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, se ha avanzado en nuestro país en los derechos de los consumidores, reconocidos en el artículo 51 de nuestra Constitución, ha sido fundamentalmente por nuestra integración en la Unión Europea, y la transposición de directivas, y aplicación de reglamentos comunitarios de la política común en defensa de los consumidores. Recordemos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Agenda del Consumidor Europeo y el Programa plurianual de Consumidores para 2014-2020.

La creación de un Ministerio de Consumo puede ser un elemento muy positivo que impulse sus políticas y refuerce su transversalidad en todas las acciones del Gobierno, y del resto de las Administraciones públicas, pero al mismo tiempo es urgente y necesaria una profunda reforma de las competencias en esta materia para mejorar su coordinación y su eficacia, en los “reinos de taifas” que constituyen las comunidades autónomas, y los municipios. Esta decisión del presidente del Gobierno debe traducirse en la revitalización de las políticas de protección de los derechos de los consumidores y en la lucha contra el fraude, que llevan ya décadas prácticamente inertes. Dentro de este ámbito debe ser el consumo sostenible el eje vertebral sobre el que debería articular los mayores retos en los próximos años. La reducción del consumo de plásticos y de otros materiales contaminantes o del desperdicio alimentario son algunos de los objetivos que se están abordando en los distintos sectores implicados. Las empresas de distribución, las cadenas de supermercados y los fabricantes y marcas llevan tiempo planificando medidas para reducir plásticos. Se están eliminando las bolsas de un sólo uso, por ejemplo. Esta será una de las cuestiones en las que el nuevo Ministerio tiene que trabajar conjuntamente con el de Transición Energética.

Otras medidas que debería abordar el nuevo Ministerio son la mejora del etiquetado de alimentos, la regulación de las nuevas plataformas online, para que se establezcan requisitos de transparencia en las webs de búsqueda, la mejora de la seguridad de los productos y la protección del consumidor. Es necesario dotar de más eficacia a los mecanismos de protección de los consumidores, para conseguir que sus derechos básicos se apliquen de forma efectiva, dotando de carácter vinculante a las resoluciones de la Administración y permitiendo la indemnización y resarcimiento del daño a los consumidores cuando se ven obligados a poner una reclamación teniendo que ir a los tribunales.

También el nuevo Ministerio tendrá que asumir el reto de frenar el sunami de fraudes masivos que sufren los consumidores. Recordemos casos como el de Vitaldent, en la Audiencia Nacional, de quiebras que empresas que dejaron a los clientes que habían contratado sus productos sin el servicio, a pesar de la haberlo pagado, etc. Fraudes que se dan en muchos sectores, desde el de las telecomunicaciones hasta el eléctrico, pasando por bancos, aseguradoras –con miles y miles de reclamaciones que saturan las OMIC-. Recordemos también temas como las crisis alimentarias que afectan a la salud pública, etc. Para luchar contra ello será necesario que el nuevo Ministerio asuma competencias coercitivas y sancionadoras de forma centralizada.

Deberá rescatar el Proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, guardado en un cajón del Congreso por el Gobierno de Rajoy, que pretendía mejorar los derechos de los consumidores al establecer para las empresas de los sectores de servicios de suministros de agua, gas y electricidad, servicios de transporte de viajeros, servicios postales, medios audiovisuales de acceso condicional y servicios de comunicaciones electrónicas, la obligación de disponer de un sistema eficaz para facilitar información, atender y resolver las quejas y reclamaciones ágilmente. Y regular también un marco normativo básico, con estándares de calidad del servicio, para las Oficinas de Información al Consumidor, y los técnicos de consumo, que no existe.

Tenemos en España las mejores leyes y normativas de Consumo, gracias a la UE y a las CC.AA., y somos un país avanzado en ello, pero nunca las políticas de consumo en la práctica se habían desactivado tanto como ahora, por el caos competencial de nuestras Administraciones, la desidia y la ignorancia de la población mal formada, y la mala gestión de nuestros gestores políticos, gravemente desconocedores de lo que la protección y defensa de los consumidores supone para la calidad de vida de todos los ciudadanos. De ello podemos dar fe los profesionales del Consumo.

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