Entidades del tercer sector y movimiento vecinal han presentado este miércoles más de un millar de alegaciones al proyecto presupuestario del Gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Denuncian que, entre convenios, subvenciones y partidas concretas, se han recortado unos 15 millones de euros. Las entidades sociales ya han anunciado protestas. En concreto, el próximo lunes, a las 11.00 horas, se concentrarán ante las puertas del Ayuntamiento para exigir la recuperación de estas partidas.
Desde el Secretariado de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, Juan Carlos Crespo, ha criticado la “poca transparencia y claridad” que presenta este presupuesto porque “las posibles ayudas y convenios vienen de forma muy genérica” y eso, ha dicho, “no es una forma clara de presentar el presupuesto a la ciudadanía”. La FABZ teme también que haya servicios que prestan entidades del tercer sector, sin ánimo de lucro, “que acaben en manos privadas “. Ante ello, apuestan por concertar los convenios “máxime cuando se podrían asegurar cientos de puestos de trabajo que de otra forma peligran”.
También ha criticado la reducción de las inversiones en los barrios y ha cuestionado los 20 millones previstos de la venta de suelo. “Defendemos unos presupuestos que cuenten con el tejido social y vecinal, con participación ciudadana en la gestión de lo público, unos presupuestos sostenibles ante la emergencia climática y unos presupuestos redistributivos que favorezcan a los que menos tienen”, ha destacado Crespo.
Por parte de las entidades del tercer sector ha hablado María Pilar Monzón, que es también técnico de la Red de Economía Alternativa Solidaria (REAS), quien ha explicado que su sector es uno de los peor parados. Y es que en el presupuesto de 2018 se incluían 1,5 millones para empresas de inserción social, “que tienen al año unos cien puestos de trabajo”, ha aclarado, mientras que ahora “se reduce a una partida genérica y de menos valor”.
A modo de ejemplo se ha referido al convenio de mediación en el Casco Histórico, “que ha desaparecido y era muy importante”. También en el marco de la emergencia climática piden una apuesta importante en partidas. REAS tenía también un convenio de impulso a la creación de emprendimiento a través de la economía social, con objetivos sociales y medioambientales. “En cuatro años hemos apoyado a mil personas, 400 proyectos y creado 250 puestos de trabajo y ahora desaparece el convenio sin explicaciones”, ha lamentado. La entidad ha perdido dos convenios por valor de 161.000 euros.
Representando al Espacio de Promoción, Formación y Defensa de los Derechos Sociales, Ángel Sanz, ha presentado más de 800 alegaciones de personas físicas y entidades en materia de Ayudas de Urgente Necesidad. “Si se aprueba tal y como está, supondrá una lesión tremenda para los más necesitados”, ha insistido Sanz. En primer lugar, ha explicado, porque se destina una cantidad inferior a la de 2018 a las ayudas de urgencia, pero, además, porque se dividen en dos capítulos. En uno de ellos, el que se presenta como las ayudas de urgencia “tradicionales” para alimentación, supone que se resuelven las solicitudes en unos diez o quince días.
Sin embargo, hay otra partida que se gestiona como una subvención, “a la que no podrán acceder personas sin papeles, ni con deudas con la administración, como una multa de tráfico sin pagar o el ICA, por ejemplo”, ha explicado. Pero además, las tramitaciones son “largas y dificultosas”, tanto, ha dicho Sanz, “que podría tardar hasta tres meses”.
