Las pensiones, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 900 euros y la nómina de los funcionarios inician el año 2020 congelados, hasta que el nuevo Gobierno pueda aprobar su actualización.
Esta situación afecta a unos 13 millones de personas entre pensionistas, trabajadores con nóminas equivalentes al SMI y funcionarios, y cambiará cuando se forme un nuevo Ejecutivo.
El aumento del SMI de manera progresiva y de las pensiones se trata, de hecho, de unas de las medidas estrellas incluidas en el programa rubricado para un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
El compromiso es que cuando se conforme el Ejecutivo se apruebe una revalorización de las pensiones del 0,9% con efectos retroactivos a 1 de enero de 2020, en base a la previsión de IPC para este ejercicio y tal y como se remitió a la Comisión Europea en el Plan Presupuestario. En 2019, las pensiones subieron con carácter general un 1,6%, lo que permitirá previsiblemente recuperar poder adquisitivo a los pensionistas, dada la evolución de los precios.
Asimismo, está previsto actualizar el sueldo de los funcionarios elevándolo un 2% en términos fijos, a lo que se podría sumar una parte variable en función de la evolución de varios indicadores macroeconómicos, cumpliendo así el acuerdo suscrito entre los sindicatos y el último Gobierno del PP. En 2019 los sueldos de los empleados públicos subieron en total un 2,5%.
Por su parte, el SMI también se actualizará, tras consultarse con los agentes sociales. Las negociaciones políticas entre el PSOE y Unidas Podemos apuntan a la posibilidad de acercarlo a los 1.000 euros mensuales desde los 900 actuales.
La patronal ya ha dicho que si se sube a esa cifra sería una “barbaridad” y “llevaría a mucha más gente a la economía sumergida”, mientras que los sindicatos defienden que alcance los 1.000 euros y recuerdan que el acuerdo de negociación colectiva insta a subir el salario mínimo en convenio a 1.000 euros. En cualquier caso, ambas partes se han mostrado partidarias de acordarlo junto con el Gobierno.
La actualización del SMI también se aplicaría con carácter retroactivo y se haría según lo previsto en el artículo 27 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que hace referencia a la consulta a los agentes sociales y a tener en cuenta para la subida el IPC, la productividad media nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.
El Gobierno defendió recientemente que la subida a 900 euros benefició en 2019 a 87.250 trabajadores más, hasta alcanzar a casi 1,7 millones de empleados, cuya base de cotización se elevó en 105,98 euros mensuales; si bien, reconoció que había generado economía sumergida en el trabajo en el hogar y en el campo.
En cuanto al impacto económico de estas medidas, cabe recordar que el Ejecutivo remitió el pasado mes de octubre a la Comisión Europea su Plan Presupuestario para 2020, estando en funciones, que tiene intención de actualizar “tan pronto sea posible”.
En él detallaba que la subida de las pensiones tendría un coste global de 1.404 millones de euros, de los que 141 millones corresponden a las pensiones de clases pasivas (empleados públicos).
Para la subida del sueldo de los funcionarios, en dicho documento se especificaba que ésta podría costar entre 3.264 millones y 4.575 millones, dependiendo de la subida total –fija más variable- que finalmente se produzca.
