Aragón cumple una década como referente de los derechos sociales

La Ley supuso en su momento un cambio sin precedentes

La Ley de Servicios Sociales de Aragón celebra este año su décimo aniversario desde su aprobación en 2009. Una década en la que Aragón se ha consolidado como un referente de los servicios sociales a nivel nacional, con un modelo integrador y descentralizado, pionero en su momento, y que todavía diez años después sigue consolidándose y creciendo.

En la actualidad, Aragón sustenta esta condición de referente en los servicios sociales en las más de 90.000 personas atendidas de forma permanente y estable a lo largo de todo el territorio por su sistema. En torno a 140.000 usuarios reciben de algún tipo de prestación cada año y más de 250.000 aragoneses han guardado algún tipo de relación con los Servicios Sociales autonómicos.

La normativa, pionera en la España de 2009, surgió con la necesidad de actualizar las leyes a las necesidades que entonces demandaba la sociedad aragonesa, pero el recorrido hasta la Ley de Servicios Sociales de Aragón fue lento y costoso. “Un hito del que sentirnos orgullosos”, como recuerda el presidente de Aragón, Javier Lambán, que tuvo su germen hace más de cuatro décadas.

Un camino largo hacia el reconocimiento de derechos 

Y es que el considerado ahora como “cuarto pilar” del Estado de Bienestar comenzó a fraguarse en una normativa específica durante la Transición, con los derechos recogidos en la Constitución de 1978, y culminó con el traspaso de competencias a las comunidades con el Estatuto de Autonomía y el primer Ejecutivo regional de 1983.

Durante la primera legislatura de Aragón como Comunidad Autónoma, el Ejecutivo presidido por Santiago Marraco, con Alfredo Arola al frente del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, se fijó como objetivo la creación de un primer marco autonómico para los servicios sociales. El trabajo, de aproximación para crear una primera red de servicios sociales, quedó plasmado en 1987 con la aprobación de la Ley de Ordenación de la Acción Social de la Comunidad.

La atención a mayores se ha convertido en uno de los grandes retos para el futuro inmediato

Con un texto que en su día también marcó diferencias con respecto a otras comunidades, Aragón ponía sobre la mesa la consolidación de unas políticas públicas que garantizaran los derechos sociales en todo el territorio. Como recordaba Lambán durante el acto homenaje del décimo aniversario de la actual Ley, aquella normativa fue poco a poco “prendiendo en los pueblos” y creando las redes de servicios que aún se mantienen a día de hoy.

Aquel texto ya incidía en aspectos como la necesidad de descentralizar los servicios sociales a lo largo de un territorio afectado ya por el éxodo rural. También ofrecía un punto de vista novedoso sobre los propios usuarios beneficiarios del sistema reconociendo sus derechos como ciudadanos y sin reducir las ayudas a “concepciones benéficas”.

La ley como respuesta a nuevas necesidades sociales 

Con todo, más de dos décadas después de aquella primera Ley las necesidades habían vuelto a cambiar y Aragón miró de nuevo a su Gobierno y sus Cortes en busca de la solución. Durante ese tiempo los derechos de las personas con discapacidad habían seguido creciendo amparados en cambios normativos, y la sociedad debía hacer frente a nuevos retos como el reconocimiento y la lucha contra la violencia de género.

Así, en 2009 se creó un grupo de trabajo para un nuevo proyecto de ley con la entonces consejera de Servicios Sociales y Familia, Ana Fernández, al frente. Por delante, el reto de crear una nueva ley que extrapolara los servicios sociales más allá de la propia prestación de ayudas a la dependencia y tuviera en cuenta aspectos como la integración e inclusión de las personas sin importar su edad, género, condición o diversidad funcional.

El resultado fue, para la actual consejera de Servicios Sociales y Ciudadanía, María Victoria Broto, satisfactorio, con una ley “muy debatida y muy bien estructurada” que contó con un amplio consenso político y con la propia ciudadanía a través de un proceso participativo histórico. El resultado, un marco normativo es desde entonces para la consejera “la guía” de todas las actuaciones de los diferentes gobiernos autonómicos.

Los servicios sociales atienden cada año a 90.000 personas en Aragón

Con todo, la Ley de Servicios Sociales de Aragón estableció así un sistema “complejo” según Broto, que entre otras cosas repartió sus competencias con las administraciones locales en su afán por mantener las políticas públicas y descentralizadoras a lo largo de todo el territorio. A estas administraciones locales y comarcales, junto con las entidades del tercer sector que operan en el medio rural, se quiso referir también la consejera a la hora de agradecer la década de vigencia de la ley.

El futuro seguirá planteando nuevos retos 

El 2019 ha sido pues un año de celebración para los servicios sociales y el Estado de Bienestar de Aragón. Sin embargo, por delante quedan retos todavía mayores por enfrentar que los superados hasta ahora. De ello advertía Lambán en la celebración del aniversario de la Ley, en la que volvió a decir que los servicios sociales marcan “la fibra moral” de los diferentes Gobiernos.

“Y nosotros nos hemos empeñado en demostrar que esa fibra moral la tenemos”, explicaba el presidente, adelantando que el trabajo de su Ejecutivo va a perseguir que Aragón se mantenga como “referente”.

Así, la próxima legislatura será el momento de “seguir acomodando la ley” a los cambios sociales. Nuevas necesidades que pasan por afrontar realidades como el envejecimiento de la población, la despoblación y dispersión demográfica o las nuevas modalidades familiares en una sociedad cada vez más heterogénea.

“Queremos hablar de ampliar la atención a las personas mayores, de la pobreza infantil, de hacer el máximo esfuerzo que podamos para mejorar las infraestructuras y las residencias”, citaba el presidente como futuros retos, convencido de que Aragón tiene “la ruta absolutamente marcada” para hacerles frente.

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