El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Zaragoza para el área H-61-5, que corresponde a la antigua fábrica de Pikolín. El objetivo ha sido ordenar legal y jurídicamente una situación “singular, pero legal”, ha explicado el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano. En este sentido, ha aclarado que esta modificación definitiva supone una serie de ventajas, como los porcentajes de cesiones de los aprovechamientos, que se fijan en el 10%, ya que el Plan anterior contemplaba un 6,46%. “A falta de determinar el importe económico exacto de lo que supondrá la modificación, la estimación ronda entre los 350.000 y los 500.000 euros”, ha subrayado.
Además de este aspecto, Serrano ha concretado también que se imponen como condiciones la dotación propia de transporte público “que deberá mantener la propiedad” o incluso la constitución de una entidad urbanística de conservación, que es un instrumento jurídico “que aliviará la carga económica del Ayuntamiento”, ha remarcado el consejero municipal.
Esta modificación del PGOU ha venido obligada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declarara nulo el Plan especial para construir el outlet. En concreto, la sentencia del TSJA reflejaba que el Plan especial no era el instrumento adecuado para el cambio de usos en PGOU y argumentaba que si se quería llevar a cabo debía ser a través de una modificación del Plan General, que es lo que este viernes se aprueba de manera definitiva.
La socialista María Ángeles Ortiz ha recordado que lo que cuestiona la sentencia es el instrumento de planeamiento, que es lo que ahora se está cumpliendo. La concejal considera que ya ha pasado “el tiempo suficiente” como para que el Gobierno haya puesto sobre la mesa los datos concretos sobre el importe de los aprovechamientos. “Han pasado cinco meses y entendemos que es una cuestión que afecta directamente al Ayuntamiento, por lo que se tendría que haber presentado con concreción”, ha insistido.
Por su parte, el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, considera que este es un tema de “exclusivo interés procedimental” y cree que anular las obras, en base a la sentencia judicial, “obligaría al Ayuntamiento a pagar unas indemnizaciones millonarias que la ciudad no está en condiciones de soportar”. Por ello, Calvo ha dejado claro que tratar de establecer un mecanismo legal y reconducir la situación mediante planeamientos urbanísticos más acordes con la sentencia “nos parece absolutamente razonable”.
El portavoz municipal de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, ha criticado al Gobierno PP-Cs que haya “bordeado” a un instrumento “que es racionalizador y que intenta poner límites a la lucha contra el beneficio privado”. “Si un Plan General de Ordenación Urbana dice que los outlets tienen que ir en la ciudad consolidada y no en la periferia, habrá que analizar, vía concesión de licencias, si eso es correcto o no”, ha manifestado Santisteve
Tampoco al portavoz municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, le han convencido las explicaciones del consejero. De hecho, considera “imprudente” licitar bares y restaurantes en una zona donde solo iba a haber un outlet de ropa. También se ha referido a las consecuencias negativas que un centro comercial en la periferia tiene en la ciudad consolidada y en el comercio de barrio, algo, ha dicho, que “está avalado históricamente”.
