El Tribunal Constitucional declara nula buena parte de la Ley de derechos históricos de Aragón

El Constitucional ha tumbado así 23 de los 34 artículos y tres de sus disposiciones

El Tribunal Constitucional ha declarado nulos buena parte de los artículos de la Ley de derechos históricos de Aragón. El Constitucional ha tumbado así 23 de los 34 artículos y tres de sus disposiciones, lo que invalida la norma aprobada hace poco más de un año por las Cortes de Aragón. En concreto ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos 1 al 11, del 14 al 18, del 20 al 22, del 25 al 26 y del 31 al 33, además de las disposiciones adicionales segunda y tercera y la disposición final tercera.

La sentencia, fechada el pasado día 12 de diciembre, incide durante 56 páginas en que la norma no solo contraviene principios constitucionales, sino el propio Estatuto de Autonomía. El TC ha anulado, entre otros conceptos, el apartado que señala por ejemplo que “Aragón es una nacionalidad histórica, de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento”.

El TC no ha aceptado que todas las Administraciones públicas aragonesas utilicen en sus normas y documentos oficiales la denominación “Aragón, nacionalidad histórica”, así como fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación. También ha considerado inconstitucional el carácter originario e imprescriptible de los derechos históricos del pueblo aragonés, dado que los harían “inmunes a la fuerza de obligar de la Constitución”.

Respecto a los símbolos de Aragón la norma fija que la bandera autonómica ocupe el lugar preferente en los edificios públicos, pero el Alto Tribunal recuerda que “el art. 4.2 CE, tras remitir a los Estatutos de Autonomía el reconocimiento de banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas, establece que estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales”. Para la STC 1 1 9/1992, de 18 de septiembre, “siendo los principales símbolos de nuestro Estado la bandera de España y su escudo, también son símbolos del Estado español las banderas y enseñas previstas en el art. 4 C.E. y reconocidas en los Estatutos de las CCAA, en tanto en cuanto, como ha quedado dicho, éstas constituyen la expresión de la autonomía que la Constitución ampara y de la pluralidad y complejidad del Estado que configura (FJ 1 )”.

Es decir, la utilización conjunta de la bandera solo puede ser regulada por el Estado y el precepto contraviene una ley nacional de 1981 que ya establece la preeminencia de la bandera española en todos los edificios públicos.

La sentencia también niega el derecho histórico a que regresen todos los bienes fuera de la Comunidad o el establecimiento de un derecho preeminente en la dirección y gestión del Archivo de la Corona. “Las iniciativas autonómicas orientadas a la recuperación de bienes del patrimonio histórico no pueden consistir en actos de imperio de un poder público fuera de los límites de su territorio”, refleja.

Otra de las cuestiones sustanciales reguladas en la norma era la de considerar el agua como “patrimonio común de Aragón”. La sentencia recoge que “el acceso al agua conforme a lo dispuesto por el art. 19.1 EAAr no puede alcanzar al conjunto de las aguas que se consideran patrimonio común, sino únicamente a las aguas superficiales intracomunitarias y a las subterráneas de tal carácter aunque estas últimas tengan menor sustantividad territorial que las primeras”. Además, el texto vincula únicamente a los poderes públicos aragoneses “de acuerdo con el reparto competencia!, esto es, respecto de las aguas de su competencia, y para el caso de su proyección sobre las aguas del río Ebro sólo alcanzará al ejercicio de las potestades que correspondan a dichos poderes públicos autonómicos de acuerdo con la legislación estatal”.

CHA asegura que no es un “buen momento” para Aragón

El diputado de CHA en las Cortes de Aragón, Miguel Palacín, ha lamentado la sentencia del 12 de diciembre del TC que ha tumbado buena parte de los artículos de la Ley de derechos históricos de Aragón. Palacín ha asegurado que “no es una buena noticia para Aragón y está claro que hay Comunidades de primera y de segunda”.

“Tenemos que estudiar la sentencia pero no compartimos el fondo de ella”, ha asegurado, añadiendo que “no es un buen momento para argón, para nuestro Estatuto y para nuestras competencias”.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha defendido el Estado de Derecho y el respeto “absoluto” a la ley y a las sentencias. Ahora, ha dicho, “es hora de que hablemos los grupos que apostamos por esa ley para dar la categoría de nacionalidad histórica que tiene Aragón”.

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha compartido el respeto a las decisiones judiciales aunque ha recordado que desde el principio hubo “varios artículos” con los que tuvo dudas sobre su constitucionalidad. “Es una gran debacle y ahora hay que respetarla, leerla y ver si puede salvarse algo”, ha añadido.

Beamonte celebra la nulidad de la ley

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, ha celebrado la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulos 23 de los 34 artículos que la componen. Beamonte ha recordado que muchos le calificaron de “obsesión enfermiza y hoy estamos satisfechos por haber dado sentido común a una ley que era una barbaridad”.

“Esta sentencia deja un absoluto vacío en la ley en la que prevalecían los derechos históricos a la Constitución, modificaba cuestiones del Estado e invadía competencias estatales respecto al patrimonio y los símbolos”, ha apuntado Beamonte. Para el presidente de los populares en Aragón, “lo que procede”, ha dicho, “es que ahora en Consejo de Gobierno anule la ley”.

Una ley, ha continuado, “que fue un error y solo respondía al deseo de satisfacer a CHA y Podemos por parte de Lambán”. “El presidente de Aragón siempre habla e constitucionalismo y ha quedado en evidencia que lo que dice y lo que hace no siempre corresponde”, ha denunciado, criticando que con esta ley “se puso en duda la unidad de España”.

“Le advertimos del error de aprobar esta ley con esos términos que rompían la seguridad de la unidad de España”, ha concluido Beamonte, recordando que los españoles “somos iguales independientemente del lugar en el que vivan”.

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