Un hogar zaragozano paga 20 euros menos que la media de Aragón por la depuración pese al ICA

En total, el Gobierno de Aragón ha recaudado unos 69 millones de euros del ICA de 2018
photo_camera En total, el Gobierno de Aragón ha recaudado unos 69 millones de euros del ICA de 2018

Un hogar zaragozano pagó en el año 2017 hasta 20 euros menos que la media de los 13 municipios aragoneses de más de 10.000 habitantes por el abastecimiento y depuración de las aguas. En concreto, una familia de cuatro miembros tuvo que abonar 223 euros anuales por la factura del agua, incluido el ICA, que se traduce en un 8,2% menos que la media de la Comunidad, que se sitúa en 243 euros.

Esta es una de las principales conclusiones del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la sociedad municipal Ecociudad, correspondiente al periodo entre 2012 y 2017. Según el texto, de esos 223 euros, una media de 144 euros se abonan solo por los servicios de saneamiento y depuración, entre lo que se encuentra el ICA, mientras que la media de los principales municipios de Aragón se encuentra en 150 euros.

Además, el informe también destaca que, desde el inicio de explotación de la depuradora de la Cartuja en 1993, un hogar medio de la capital aragonesa ha pagado por el saneamiento y depuración de aguas residuales un total de 1.686 euros. Esta cantidad sería un 8,8% menos que lo ha pagado la media de la Comunidad solo por el ICA, pese a que comenzaron a depurar sus aguas bastante después que Zaragoza.

El Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) se comenzó a aplicar en 2002 con el objetivo de mantener las aguas de Aragón más limpias, aunque Zaragoza quedó excluida de él hasta el 1 de enero de 2016 por sus inversiones en depuración. No obstante, desde esa fecha, comenzó una pugna entre el Ayuntamiento de Zaragoza, entonces dirigido por ZeC y apoyado en la Red de Agua Pública de Aragón, y el Gobierno autonómico, ya que el Consistorio consideraba que sus habitantes iban a pagar dos veces por el mismo servicio.

Beneficios de la sociedad

El informe de la Cámara de Cuentas también desgrana que Ecociudad, dedicada a la gestión del saneamiento y depuración de las aguas de Zaragoza, ha obtenido unos beneficios de 2,5 millones de euros desde enero de 2013. Una cantidad que, además, se incrementará en los próximos años al dejar de hacer frente a los gastos con el Instituto Aragonés del Agua, al estar los zaragozanos incorporados al ICA.

Ecociudad financia su actividad con el cobro de la tarifa que pagan los usuarios y que es de la misma cuantía que la tasa que giraba el Ayuntamiento cuando prestaba directamente el servicio antes de la cesión, a pesar de haberse producido una importante reducción del coste del servicio como consecuencia de haber terminado de pagar la depuradora de La Cartuja en el año 2013. Por esta infraestructura, el Ayuntamiento pagaba al concesionario desde el año 1993, un canon anual de, aproximadamente, 10 millones de euros.

Además de los beneficios evidenciados en la sociedad, el informe también pone de manifiesto que el Ayuntamiento obtiene beneficios por este servicio ya que Ecociudad le paga por la cesión de uso de las infraestructuras un precio muy superior a su coste de construcción o adquisición. La Cámara no ha podido cuantificar estos beneficios extraordinarios obtenidos por el aumento de valor respecto al coste original de las infraestructuras al no estar correctamente reflejadas en la contabilidad municipal.

Para prestar este servicio, el Ayuntamiento cedió a la sociedad infraestructuras municipales valoradas en 386,80 millones de euros (entre ellas, la red de alcantarillado valorada en 261,92 millones de euros y tres estaciones depuradoras de aguas residuales valoradas en 107,84 millones) que la sociedad tiene que pagar en un periodo de 61 años, que es la vida media estimada de los activos.

Con estas conclusiones, la Cámara de Cuentas recomienda destinar los beneficios que obtienen Ecociudad y el Ayuntamiento por la prestación del servicio de saneamiento y depuración de aguas del municipio de Zaragoza a un fondo de reserva para acometer las inversiones necesarias en las infraestructuras a la vista de su obsolescencia. Actualmente, el Ayuntamiento no está obligado a reinvertir estos beneficios en el servicio que los genera.