PSOE, ZeC y Podemos-Equo aseguran que la sentencia del Tapca causará un sobrecoste “de hasta un 40%”

Fernando Rivarés apuesta por la municipalización

Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Zaragoza no han tardado en reaccionar a la sentencia del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa), que ha anulado la adjudicación a Acciona del contrato de mantenimiento de parques y jardines de la ciudad. Un fallo del que tanto el Partido Socialista, como Zaragoza en Común y Podemos-Equo culpan al gobierno de Partido Popular y Ciudadanos, que fue quien adjudicó el contrato. Además, aseguran que la consecuencia se traducirá en un sobrecoste “de hasta un 40%.

Así lo ha asegurado la portavoz municipal del Partido Socialista, Pilar Alegría, quien ha querido dejar claro que su formación, el pasado 19 de julio en la mesa de contratación para analizar el expediente, no lo votó a favor porque “no lo conocimos con la anterioridad que se requiere”. Por ello, asegura que el PSOE “no somos ni cómplices ni partícipes de esta aprobación”.

El gobierno de Azcón, el pasado 6 de septiembre, adjudicó a Acciona este contrato por lo que esta “mala decisión” es ya “100% del Gobierno de Azcón”, por lo que “ya no existe el escapismo ni la búsqueda de responsabilidades en el pasado”. Alegría ha recordado que el gobierno aseguró, cuando se adjudicó el contrato, que en el pasado supuso un sobrecoste de 280.000 euros mensuales, un 35% “y ahora me pregunto qué supondrá esta chapuza del gobierno de Azcón para las arcas municipales” porque la socialista teme que “estaremos durante meses y quizá años en reconocimiento de obligaciones, lo que supondrá un coste mayor de un 40% de lo establecido en el contrato”.

Por su parte, el concejal de Zaragoza en Común Albero Cubero, responsable último de la elaboración de los pliegos del contrato mientras fue consejero municipal del anterior Gobierno, ha aclarado que lo que se recurre es el proceso de adjudicación “que fue ya competencia del ejecutivo actual del señor Azcón”. Aún así, ha reconocido que fue “una decisión correcta” del Servicio de Contratación y del gobierno, porque “se corrigieron bien las ofertas”, pero el Tacpa, ha lamentado, “ha fallado así”.

Ahora uno de los escenarios previsibles es que se tenga que elaborar un nuevo pliego y, en ese caso, Cubero ha explicado que “quedará en mano de la consejera Natalia Chueca hacer un pliego como quieren las empresas, o seguir en la línea de las cláusulas sociales”. En este caso, ha avanzado Cubero, “seguramente le llevarán a los tribunales las empresas”, pero será una batalla, ha dicho, “en la que podrá contar con ZeC”.

También el ahora portavoz municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, portavoz del anterior ejecutivo y consejero municipal de Economía, se ha pronunciado al respecto. Quiere conocer las responsabilidades y saber de dónde saldrá el dinero para afrontar el previsible sobrecoste que tendrá como consecuencia y que ha calculado que ascenderá a unos doce millones de euros mensuales “por un contrato que no existe en uno de los concursos más importantes de la ciudad”. Considera que los dos escenarios que se abren ahora es “vernos abocados a un nuevo recurso o a declarar desierto el concurso”.

Con ello, Rivarés ha defendido la necesidad de ofrecer una alternativa “seria y democrática” porque tiene claro que las empresas “no piensan en ofrecer un mejor servicio, sino en su propio beneficio de ganar dinero”. Es por ello que considera que es “un momento histórico” para plantear gestión directa, es decir, la municipalización. “Hay que medir el servicio por rentabilidad social y no solo en euros y la posible participación que tendrían los ciudadanos con este modelo de gestión”, ha subrayado.

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