El período medio de pago del Ayuntamiento de Zaragoza a los proveedores ha sobrepasado los 42 días, frente a los 22 días que se registraron en 2018. La portavoz del Gobierno de Zaragoza y consejera municipal de Hacienda, María Navarro, ha defendido que el Consistorio está por debajo del límite que marca la ley, que establece 60 días, y ha responsabilizado a la gestión económica de Zaragoza en Común del retraso producido.
Durante su intervención en la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Navarro ha asegurado que los retrasos son para poner orden en las cuentas, una herencia recibida del gobierno anterior.
La concejal de Economía, Carmen Herrarte, ha apuntado que se están regularizando facturas que estaban sin regularizar para llegar a fin de año “con las cuentas limpias y en orden”. “Aquí no se utiliza el decretazo, sino que pasan por Pleno. En aras de la transparencia pueden provocar algún retraso y tenderán a mejor”, ha apostillado.
También el portavoz de Vox, Julio Calvo, se ha referido a que la situación está de esta manera por la gestión anterior de ZeC. “La herencia recibida ha sido penosa”, ha subrayado.
El portavoz de Economía del Grupo Municipal Socialista, Horacio Royo, ha acusado a Navarro de estar “desbordada” con la gestión económica del Ayuntamiento y ha criticado que eche la culpa a los técnicos. “Los números son demoledores y la prueba de su impotencia es que nos acaba de decir es que esos datos van a empeorar. Rectifique y gire el timón”, ha sostenido.
Por su parte, el concejal de ZeC, Alberto Cubero, ha resaltado que muchas de las facturas que se están acumulando son de cuando Navarro ya estaba en el gobierno. “Son facturas suyas y usted tiene la responsabilidad”, ha resaltado y ha reprochado que “hay que tener la cara de cemento para echar balones fuera”.
El portavoz de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, ha criticado la actitud de Navarro: “Tiene más morro que espalda y es de una puerilidad impresentable. Los once millones y medio en facturas pendientes son suyas”, ha señalado.
En este sentido, la Comisión ha aprobado 12,1 millones de euros en facturas pendientes por servicios que se prestan sin contrato, cuya tramitación origina los problemas de pago, según ha apuntado Navarro.
