La DGA quiere blindar los derechos sociales con un presupuesto de 409 millones para el IASS

El centro de día del IASS, gestionado por la Fundación Rey Ardid

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales contará en 2020 con un presupuesto de 440 millones de euros, un 7% más que en las cuentas prorrogadas de 2018, de los que 409 millones servirán para financiar las actividades y subvenciones del IASS. Así lo ha relatado la consejera del ramo, María Victoria Broto, en su comparecencia de este lunes en las Cortes, donde ha asegurado que un 75% se dedica a prestaciones y servicios de manera inmediata.

Con este presupuesto “realista y riguroso”, Broto pretende impulsar las políticas públicas para mejorar la dignidad de los ciudadanos y atender a los más vulnerables, resaltando también la importancia que tienen para generar retornos económicos, empleo y servicios de proximidad a la ciudadanía.

En concreto, de los 409 millones del IASS, más de 200 se destinan al sistema de atención a la autonomía personal y a la atención a la dependencia. Con ellos, Broto se ha marcado el objetivo de acabar con las listas de espera de dependencia, para que desde la solicitud de reconocimiento hasta la resolución a la prestación “no transcurran más 6 meses”, ha destacado.

Asimismo, la consejera también se ha marcado otros objetivos como incorporar al Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia (SAAD) un creciente número de solicitantes, además de continuar el proceso de aumento del número de personas atendidas a través de los servicios de Ayuda a Domicilio a través de los convenios que se firman con las Administraciones Locales.

En el campo de la inclusión social, el Ejecutivo autonómico destina una partida de 57,1 millones, de los que 51,1 se destinan a atender el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) para garantizar la protección social y prevenir la aparición de bolsas de pobreza y marginación. Mientras, en materia de Servicios Sociales Comunitarios, el presupuesto recoge 40,2 millones de euros, donde se incluyen las partidas necesarias para atender las solicitudes de ayuda a la pobreza energética y otras acciones desarrolladas por los servicios sociales locales.

Otros institutos

Por su parte, las cuentas también recogen una partida de 6,6 millones para el Instituto Aragonés de la Juventud, manteniendo las líneas de ayudas a asociaciones y entidades locales y añadiendo una mejora de las residencias juveniles y albergues, con especial atención a la reforma de la Residencia Luis Buñuel de Teruel, en la que se incluirán recursos del FITE. Del mismo modo, se seguirá coordinando el Plan de Retorno del Talento Joven Aragonés, con medidas transversales con otros departamentos del Gobierno.

Además, se cuenta con 2,4 millones para la Dirección General de Igualdad y Familias, destacando la creación de un Espacio de Atención para la igualdad de trato y la no discriminación, así como la puesta en marcha de un centro de Atención Integral a las Familias.

Oposición

Ante estos presupuestos, la diputada del PP Marián Orós ha criticado que sean unas cuentas “continuistas” y “sin ningún empuje”, criticando que el incremento de 25 millones venga del dinero que el Ejecutivo prevé recibir del Estado por la dependencia. “Ustedes estiman que el Gobierno de España nos va a dar 60 millones para la dependencia. No hay gobierno, no hay compromiso, y no hay presupuesto. ¿Qué ocurrirán si no llegan esos millones?”, ha cuestionado.

A su vez, la diputada de Ciudadanos Loreto Camañes ha planteado una reforma del Ingreso Aragonés de Inserción, puesto que se utiliza “utilizando un decreto de 1994 que no se ajusta a la realidad social de 2020”, ha comentado, recordando que “lo que nos demandan los pobres es que les ofrezcamos una salida digna, con políticas de empleo”.

Asimismo, el representante de VOX, David Arranz, se ha mostrado “especialmente” preocupado por el “gasto en estructuras” que suponen los institutos y el personal que lo coordina. “Va a mermar la capacidad de ofrecer los servicios sociales a la altura que todos quisiéramos”, ha señalado.

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