La repetición electoral parece que no va a sentar nada bien al partido de Pablo Iglesias. Algunas encuestas hablan de “batacazo” tanto para él como para Albert Rivera, en detrimento de un PP que se recompone y un PSOE que, pese a la bajada en intención de votos, se mantiene como líder.
Traducido al esquema político aragonés, los números no son muy distintos al pasado 28-A y reflejan la tendencia general del país. Pablo Echenique mantendría su escaño, representando a Aragón con un programa posibilista, que apuesta por un nuevo modelo productivo, respetuoso con el medio ambiente y más redistributivo, donde nadie quede al margen.
Los morados aseguran que “las razones siguen intactas”, igual que el espíritu del “sí se puede”, que repiten mitin tras mitin. Todas sus medidas tienen una base social y ponen el acento en la despoblación y en la recuperación y dinamización del tejido rural, algo en lo que Aragón tiene mucho que decir. Defienden una transición ecológica justa, una sociedad feminista y pro Lgtbi, solidaria con los de fuera y cuidadosa con sus mayores.
También alertan de los “nubarrones negros” de una hipotética futura recesión que parece asomarse por el horizonte y plantean dos fórmulas: o la del antiguo bipartidismo basada en la austeridad, o aquella que contempla a Unidas Podemos en el Gobierno, aquella donde “no se cumplen los planes de los poderosos y de los partidos que trabajan para ellos”.
Economía rural y despoblación
Uno de los pilares de la política económica es el sostenimiento de la actividad productiva derivada del campo, poniéndolo en el lugar que merece. Así, Unidas Podemos plantea una apertura de la PAC que facilite la entrada en el sector de mujeres y jóvenes y que proteja a los pequeños productores.
Para hacerla más justa, se establecerá por ley un precio “sostén” (precio mínimo) que cubra los costes de producción y que esté fijado de manera objetiva por el organismo de control correspondiente, en este caso, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). El objetivo es incentivar el rol de agricultores y agricultoras en el mercado a la vez que se fomentan los productos de temporada y proximidad.
Especial atención recibirá el pastoralismo, una actividad hoy día minoritaria y, en algunos lugares, casi inexistente. El partido quiere garantizar su viabilidad a futuro, por la gran labor que realiza en la conservación de la biodiversidad y en la prevención de incendios, y proponen modificar las estrategias de sanidad animal de manera que no resulten gravosas para las pequeñas explotaciones.
En cuanto al problema de la despoblación, Unidas Podemos crearía un fondo de 500 millones anuales procedentes del Estado, que se sumarían al presupuesto europeo del Programa Marco de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. La idea es fortalecer las infraestructuras ferroviarias para vertebrar todo el territorio y poder llegar a todos aquellos lugares que sufren carencia de transportes, al tiempo que se extiende la red de banda ancha por los pueblos y comarcas.
Transición ecológica y trabajo
La gran apuesta de Unidas Podemos para la legislatura es culminar el cierre de centrales nucleares y de carbón y llevar a cabo una transición justa para las zonas que se vean afectadas. Para ello, por cada empleo que se destruya, generarán dos puestos de trabajo en renovables. Además, se creará una empresa pública de energía para romper el oligopolio energético del país, bajar la factura de la luz y erradicar así la pobreza energética.
La ciencia y la inversión en I+D+i serán puntales de la economía, alcanzando el 2% del PIB al final de la legislatura. Se elaborará un nuevo Estatuto del Personal Investigador para estabilizar las carreras científicas y se potenciará el retorno de investigadores emigrados mediante la oferta de contratos a cuatro años con posible contratación a posteriori bajo criterios preestablecidos.
Unidas Podemos derogará las reformas laborales de Zapatero en 2010 y Rajoy en 2012. Los contratos temporales no podrán exceder los seis meses y las empresas que hagan uso abusivo serán penalizadas. Se vigilarán las horas extras, los periodos de prácticas o “becas” de los recién graduados y los falsos autónomos. El salario mínimo interprofesional se fijará en 1.200 euros y las pensiones se revalorizarán por ley, actualizándolas al IPC. Las personas que lleguen a la edad de jubilación podrán elegir libremente los años de cómputo para el cálculo de sus pensiones entre todos los de su vida laboral.
Lgtbi, feminismo y cuidados
En el plano social, se protegerá la libertad sexual y de género, con leyes contra la discriminación del colectivo Lgtbi y un Plan de Lucha contra las Violencias Machistas. Se garantizará una alternativa habitacional a las mujeres víctimas de malos tratos así como a sus hijos e hijas a cargo.
El Sistema Nacional de Cuidados se estructurará entorno a un plan de choque para eliminar las listas de espera y que se haga llegar de forma efectiva las prestaciones a quienes tienen reconocida una situación de dependencia. El objetivo es aumentar a 1,6 millones las personas atendidas en España y crear 400.000 nuevos empleos, regularizando además a los cuidadores no profesionales. Además, se garantizará la libertad para morir dignamente, porque “toda persona que padezca un sufrimiento irreversible debe poder ponerle fin”.
Entre otras medidas de calado social, se propondrá rebajar la edad de votación a los 16 años y se suprimirá la llamada “Ley Mordaza”.
Sanidad y educación
La inversión en Sanidad subirá del 6% actual al 7,5%, y en educación, del 4% al 5,6%. Se revertirá la privatización de la Sanidad y se la dotará de recursos suficientes para poder atajar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consiguiendo que estas no superen el mes.
Se derogará la Lomce, se apostará por la enseñanza pública, universal y gratuita y se aumentarán las becas universitarias, procediendo a su ingreso durante el primer trimestre.
La religión saldrá de los planes educativos y se promoverá el conocimiento de las lenguas del país. Además, se fomentarán los contenidos feministas de forma transversal a lo largo de todo el periodo educativo.
Financiación autonómica y redistribución de la riqueza
Sobrado conocido es que el partido morado pretende recuperar los 60.000 millones del rescate bancario, acabar con los paraísos fiscales, las puertas giratorias, los aforamientos y la corrupción institucional. Mirando más allá, aspiran a un redistribución de la riqueza y que, si se practican recortes, se hagan “sobre los de arriba y no sobre los de abajo, que ya pagaron la última crisis”.
Establecerán un impuesto a la banca y bajarán el IVA a los alimentos, la higiene femenina y los cuidados veterinarios, mientras sube el de los productos de lujo. El IRPF se reestructurará de forma más justa y progresiva y se creará un impuesto a las grandes fortunas, con el fin de recaudar un 1% del PIB de patrimonios superiores a un millón de euros. Especifican que se trata de “una tasa similar a la que se está imponiendo para la UE y Estados Unidos”. Gravará con un 2% los patrimonios de más de un millón, con un 2,5% los de más de diez millones, con un 3% los superiores a 50 y con un 3,5% los mayores de 100 millones. De esta forma, el impuesto recaerá sobre los mil patrimonios más altos del país.
Las Comunidades Autónomas, eternamente endeudadas a raíz de la “infrafinanciación” que han sufrido, recibirían más importe. En diálogo con todas y cada una de ellas, se diseñaría un sistema basado en un “suelo de ingresos” en lugar de un “techo de gasto”, lo que permitirá financiar adecuadamente los servicios públicos. Además se apuesta por eliminar las desigualdades entre territorios.
En el reconocimiento a la plurinacionalidad de España, se apuesta por promover el conocimiento de las lenguas oficiales y cooficiales, por lo que se potenciará que en los centros educativos del país se puedan estudiar todos los idiomas oficiales y propios de cada territorio.
La solución al problema catalán, que toca de cerca a Aragón por ser territorio fronterizo, es, para Unidas Podemos, un referéndum pactado donde Cataluña pueda tener un nuevo encaje en España, construyendo un proceso de reconciliación que permita el diálogo y el acuerdo.
