CEOE pide flexibilizar la normativa e incrementar las ayudas para incentivar la FP Dual

La organización empresarial solicita una mayor colaboración entre Administración y empresas

La Formación Profesional Dual tiene una escasa implantación en Aragón. De hecho, de los 20.326 jóvenes matriculados en FP general en el curso 2016-2017, solo 222 cursaron esta modalidad, lo que supone un 1%, frente al 3% de la media nacional. Este tipo de formación aboga por la colaboración entre los centros y las empresas del sector, con distintos grados de implicación. Pero Aragón está a la cola de España en esta modalidad, siendo la tercera Comunidad, por delante de La Rioja y Cantabria, con menor implantación.

El presidente de CEOE Aragón, Ricardo Mur, ve negativamente estos datos y considera que se encuentran “muy alejados de las necesidades de las empresas”, en una coyuntura que, además, es complicada, “con una tasa de abandono temprano de la formación del 15,8% y una tasa de paro juvenil de casi el 30%”.

La situación de la FP Dual en Aragón contrasta con su peso mucho mayor en otras Comunidades Autónomas con regulaciones diferentes como Navarra, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha o País Vasco, en las que alcanza entre el 3,2% y el 6,4% del alumnado de FP. También en Europa, donde los alumnos de FP representan el 26% del sistema educativo de media, mientras que en España solo alcanzan el 12%.

Para solventar el problema, CEOE pide una mayor colaboración entre Administración y empresas y dejar a estas participar en el diseño de los programas formativos, definir las competencias según las necesidades empresariales sectoriales, simplificar las cargas administrativas y obligaciones legales de las empresas empleadoras y becas de formación para los aprendices.

Reducir costes para aumentar en formación 

Una de las medidas necesarias, por tanto, son las bonificaciones impositivas, que animarían la participación y facilitarían el acceso de las pymes al sistema. “Debe reconocerse a los empresarios que deciden implicarse con la sociedad y con la formación, porque supone costes burocráticos, de organización y de productividad”, señala Mur.

Fundamentalmente, porque los recién incorporados necesitan un tutor que supervise sus trabajos y se precisa de la realización de informes periódicos para las autoridades educativas. “Hay costes de gestión, pero también una voluntad clara de asumirlos”, indica Mur. Eso sí, con la condición de que se estudie la posibilidad de incorporar contratos-beca, algo que hasta ahora la legislación autonómica no permite.

La diferencia entre beca y contrato laboral puede ser de unos 500 euros en sectores como la metalurgia, la automoción, la electricidad o la fontanería. Así, se pasa de unos 800-900 euros en condición de beca a 1.300-1.400 en condiciones de contrato. Mur recalca que el modelo de beca “es absolutamente legal, recogido en la normativa nacional y que muchas comunidades están implantando”.

La solución pasa por “superar la rigidez” del actual marco normativo, que permita rentabilizar el coste productivo y organizacional de incorporar personas en formación a la plantilla, contribuyendo a incrementar las posibilidades laborales a futuro de un sector poblacional que, cada vez, debe ganar importancia y hacerse una hueco mayor en la planificación educativa de las Comunidades, siguiendo las tendencias y demandas del mercado laboral.

Necesidades del mercado laboral 

Por otro lado, y pese a que existen puestos sin cubrir en determinadas empresas vinculadas a conocimientos de Formación Profesional, sigue siendo complicado hacer atractivos estos estudios.

Mur destaca que las posibilidades de colocación son muy altas en perfiles técnicos, como el sanitario, físico-químico, energías renovables, fontanería y electricidad, robótica, procesos de producción, agroalimentación u hostelería. En el lado contrario, los menores índices de contratación se dan en marketing y administración, ya que existen perfiles parecidos provenientes del ámbito universitario.

“Hay que adaptar las salidas profesionales a la realidad del mercado para definir grados”, asegura Mur, poniendo de ejemplo los más de 4.000 profesionales con competencias en energías renovables que van a hacer falta en los próximos años si se aborda la construcción de todas las infraestructuras que están previstas para Aragón.

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