Desarticulada en Zaragoza una red organizada dedicada a la regularización fraudulenta de inmigrantes

Las actuaciones policiales comenzaron en el mes de marzo de 2018
El pasado 17 de enero la Policía Nacional intervino en una finca en la calle Lasierra Purroy en el piso segundo del inmueble, dentro de una casa deshabitada

Varios agentes de la Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, dentro de la llamada operación “Volta”, han desarticulado una red que operaba a nivel internacional para conseguir regularizar en Zaragoza a extranjeros del África subsahariana. Lo hacían utilizando la figura del permiso de residencia de familiar de comunitario, que habilita a cualquier ciudadano de la UE a reagrupar a sus familiares directos.

Las actuaciones policiales comenzaron en el mes de marzo de 2018, cuando la Oficina Única de Extranjería de Zaragoza, dependiente de la Delegación de Gobierno en Aragón, alertó de que estaban notando un incremento inusual en la tramitación de estas solicitudes. Concretamente eran varios los expedientes relativos a ciudadanos de origen Ghanés que, habiendo obtenido la nacionalidad de distintos países europeos como Alemania, Bélgica o Reino Unido, se registraban en Zaragoza como ciudadanos de la Unión residentes en España para, acto seguido, solicitar permisos de familiar de comunitario que habilitaran la residencia legal en España de quienes supuestamente eran sus hijos.

Una vez analizados los expedientes, los investigadores descubrieron que no se trataba de un hecho aislado, sino que las solicitudes habían sido numerosas, incluyendo a ciudadanos de origen ghanés nacionalizados españoles.

Las gestiones practicadas permitieron acreditar la participación en estos hechos de 22 núcleos familiares, es decir, 22 supuestos padres que habían tratado de reagrupar a otros 42 ciudadanos. Para demostrar su vínculo familiar, presentaban ante la autoridades españolas partidas de nacimiento falsas y pasaportes de su país igualmente falsos o falsificados.

La normativa al respecto, establece que estos hijos de ciudadanos comunitarios deben hacer su entrada en territorio europeo provistos del correspondiente visado que habilite su entrada por puestos fronterizos; sin embargo, este requisito, no se cumplía en ninguno de los casos.

La organización criminal exigía a los “ilegales” para conseguirles la regularización, fuertes cantidades económicas que oscilaban entre los 900 y los 5.000 euros.

Hasta el momento se han efectuado catorce detenciones, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan más. Todo lo actuado hasta la fecha fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción correspondiente.

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