El Pleno aprueba modificar el PGOU para legalizar la situación de Torre Village

La modificación supone la conversión de una zona H a una zona F

Dos veces en Gerencias de Urbanismo, otras dos en Comisiones y este martes en el Pleno municipal. Es la quinta vez que se debate del Plan especial de Torre Village y, pese a los votos en contra de Zaragoza en Común y Podemos-Equo, el Pleno ya ha aprobado de manera inicial la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para legalizar la situación del outlet en la antigua fábrica de Pikolin, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que lo declaró nulo de pleno derecho.

En concreto, la modificación supone la conversión de una zona H a una zona F, pasando así se ser suelo industrial a comercial. El consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, ha explicado que, cuando llegó al gobierno, los técnicos municipales le indicaron que las obras de urbanización se encontraban en un grado de ejecución del 99%. Es decir, que fue el ejecutivo anterior quien tramitó todas las licencias que se solicitaron, por lo que es “rotundamente falso”, ha dicho, que las obras no se hayan sometido a un procedimiento legal y reglado.

La sentencia del TSJA, ha insistido Serrano, establecía que el Plan especial “no es un instrumento adecuado para la modificación de cambio de uso” y que si lo que se quiere hacer es eso, se tenía que modificar el PGOU “para avanzar en el planeamiento urbanístico”. Si bien Serrano reconoce que “lo deseable” es que la norma vaya por delante de la realidad, lo cierto, ha dicho, “es que las realidades son tozudas” y aquí “teníamos una realidad necesitada de adaptación legal”.

Esta modificación, ha subrayado Serrano, trae “grandes beneficios económicos”, porque esta conversión hace que los aprovechamientos urbanísticos pasen del 6% al 10%, lo que supone un ingreso de un millón de euros para las arcas municipales. El consejero ha asegurado que el gobierno anterior no paralizó las obras “porque todas han sido revisadas por el Área de Urbanismo y cuentan con licencia” y considera “muy importante” que todos, “pese a las discrepancias y desde el respeto”, ha matizado, eviten introducir elementos “que ensombrezcan la actuación”.

La socialista María Ángeles Ortiz ha votado a favor de la modificación del PGOU. Entre los motivos esgrimidos, ha destacado los mil empleos directos que se generarán en las fases de construcción y puesta en marcha, así como “la gran repercusión de los puestos indirectos”. Eso sí, también apuesta por la “imperiosa necesidad” de complementar la situación con acciones para fomentar el comercio de proximidad. “Votamos a favor de la modificación por la necesidad de votar de un planeamiento urbanístico adecuado por la realidad, poniendo en valor los beneficios que pueda reportar a la ciudad y siempre con acciones de ayuda al pequeño comercio”, ha resumido la edil del PSOE.

También el portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, ha votado a favor de la modificación porque considera que las administraciones tienen que ser neutrales, “nos guste más un modelo u otro de comercio” porque como administración, ha dicho, “tenemos que la obligación de apoyar y respetar a todos”. Calvo tiene claro que, si este Plan especial no es el instrumento adecuado para desarrollar este proyecto, las consecuencias “caerían íntegramente en el Ayuntamiento” y, por ello, apuesta por la necesidad de modificar el PGOU.

El portavoz municipal de Zaragoza en Común, Pedro Santisteve, ha acusado al gobierno de utilizar la innovación del planeamiento “como medio de eludir el cumplimiento de sentencias”. También le ha reprochado a la derecha que sea “experta” en “destruir patrimonio histórico artístico de la ciudad”. “Aquí no se justifica de ninguna manera el interés público”, ha lamentado Santisteve, quien ha calificado la situación como “urbanismo a la carta” para poder “especular en las afueras”.

Por su parte, el portavoz municipal de Podemos-Equo, Fernando Rivarés, asegura que el gobierno PP-Cs lleva once años “riéndose de la gente con este tema”, y ahora, ha subrayado, “van a perpetrar un asunto inmoral para legalizar lo ilegal a beneficio de Iberebro y Solans y no de los zaragozanos”. Rivarés ha criticado que, por cada dos empleos que pudieran generarse en el outlet, “se destruyen tres en el comercio de los barrios de la ciudad consolidada, según los datos ministeriales”. En Zaragoza, ha agregado el edil, ha caído un 16% el número de comercios de barrio.

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