El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza ha adelantado que preguntará al Gobierno de Partido Popular-Ciudadanos durante el próximo Pleno por la posible existencia de pisos de Zaragoza Vivienda subarrendados de forma ilegal en la zona de la calle de Ramón Pignatelli. Así lo ha confirmado su portavoz, Julio Calvo, quien ampliará también la consulta al estado de “inseguridad” que se vive en el entorno.
La formación quiere saber así si el Gobierno municipal tiene constancia de la situación que denuncian algunos vecinos del Casco Histórico sobre la ilegalidad de estos pisos de titularidad pública. Por ello, preguntará no solo si Zaragoza Vivienda tiene constancia de la existencia de estos pisos ocupados o subarrendados, sino qué medidas de seguimiento tiene sobre sus inmuebles para comprobar que esto no sucede.
Calvo ha explicado que su grupo municipal se interesará también por si el Gobierno cuenta con un censo detallado de los pisos ocupados, el protocolo a seguir en cada uno de ellos. Vox pedirá además información la cantidad de pisos destinados a los Menores Extranjeros No Acompañados (Menas), así como que se detalle la “edad y posible conflictividad” de sus ocupantes.
Sobre la “inseguridad” que los vecinos denuncian en esta zona, Julio Calvo la ha achacado a la “dejación del anterior equipo municipal”. “La situación se ha ido degradando simplemente por falta de presencia policial, falta de control de Zaragoza Vivienda y por falta de actuación de los poderes públicos ante la proliferación de pisos ocupados”, ha explicado.
Subvenciones “a dedo”, lengua aragonesa y duplicidad en las administraciones
Julio Calvo ha adelantado también otras de las medidas en las que Vox quiere enfocar su trabajo en este comienzo del curso político. Entre ellas, el concejal ha destacado las explicaciones que su formación pedirá por el aumento durante la pasada legislatura de las subvenciones nominativas, que concede el Ayuntamiento de forma directa a entidades o personas.
Según el concejal, se trata de subvenciones “a dedo” que el anterior Gobierno de Zaragoza en Común aumentó durante su mandato hasta alcanzar un máximo de 7,8 millones de euros en 2017 (el último presupuesto municipal de Belloch en 2015 los dejó en menos de 4,6 millones). Calvo se ha interesado también en a quién se han destinado estas subvenciones, para comprobar si esas entidades guardan algún tipo de relación con ZeC.
Sobre otros asuntos, Vox también se ha comprometido a trabajar para “evitar duplicidades” entre las Administraciones local, autonómica y estatal. De esta forma, Calvo ha puesto como ejemplo la Junta Arbitral de Consumo municipal, preguntándose si es “necesaria” o debería integrarse dentro de la autonómica.
Una duplicidad que también ha trasladado hasta la lengua aragonesa y la Oficina de la que el Ayuntamiento de Zaragoza dispone para su promoción. Para Julio Calvo, las competencias lingüisticas, “al margen de las consideraciones que merezca”, es “claramente una competencia autonómica” a la que el Consistorio zaragozano no debería destinar recursos.
