Vox considera que la norma municipal se excede al prohibir los circos con animales

Desde la empresa han defendido que ningún animal es "salvaje" y que todos ellos son "domesticados en cautividad"

Vox considera que la polémica surgida en torno a la instalación de un circo con animales para las próximas Fiestas del Pilar “ha puesto sobre la mesa un problema de legalidad de extrema gravedad que trasciende el caso concreto”.

Recuerdan que hay un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de diciembre de 2016 que concluye que “ni la legislación en materia de protección animal ni la relativa a espectáculos públicos atribuyen a los municipios competencias cuyo ejercicio les permita prohibir, con carácter general, la celebración de espectáculos circenses en los que se utilicen animales”.

Y que, en el caso particular de Aragón, “la normativa aragonesa en materia de protección animal no atribuye a los municipios competencias que amparen la posibilidad de que los ayuntamientos prohíban la celebración de espectáculos circenses utilizando animales”. Por tanto, en base a lo dictado por la FEMP “con toda evidencia la ordenanza municipal ha sido dictada por un órgano, el Pleno municipal, incompetente”.

Es por eso que por parte de VOX se han solicitado los informes jurídicos emitidos con motivo de la modificación de la ordenanza que incluye este apartado, a los que, “con toda evidencia, pasó inadvertido ese exceso que el informe actual ha detectado”.

Desde la formación también han mostrado su sorpresa ya que “los dos grupos municipales entonces en la oposición”, PP y Cs, admitieran esa “clara vulneración de uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, sin oponer el preceptivo recurso en defensa de la legalidad”.

Además critican las declaraciones del concejal delegado de Urbanismo, Víctor Serrano, ya que “si en su opinión debe prevalecer el reglamento municipal sobre el autonómico, demuestra un absoluto desconocimiento de ese principio básico de nuestro ordenamiento jurídico, el de jerarquía normativa, base de la seguridad jurídica, imprescindible en democracia”.

Ante todo ello, creen que es necesario “preguntarse si la normativa aragonesa, aprobada en las Cortes de Aragón, tiene vigencia en el término municipal de Zaragoza”.

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