La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. Se ha saldado con la detención de siete personas de un mismo clan familiar, que tenía sus dos bases de operaciones en Aragón y La Rioja. Se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.
En total, la Guardia Civil ha identificado a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros. El grupo criminal sometía y controlaba a todas sus víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.
Además, el grupo vendía a sus víctimas productos básicos de primera necesidad, recibidos de organizaciones de ayuda humanitaria, a precios abusivos. Así, les llegaron a cobrar por un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros, incrementando así sus beneficios.
Las victimas interceptadas en el aeropuerto de Madrid fueron trasladadas a Logroño e informadas de sus derechos como víctimas de trata, poniéndoles a su disposición todos los recursos asistenciales para garantizarles un alojamiento conveniente y seguro, ayuda material, asistencia psicológica, asistencia médica y asesoramiento jurídico.
Modus operandi
Los familiares directos del grupo criminal residentes en Nicaragua se encargaban de buscar a las víctimas, principalmente mujeres jóvenes y sin estudios, con hijos a su cargo y en riesgo de exclusión social. Allí les prometían un trabajo digno y bien remunerado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban 1.000 euros en efectivo para justificar la estancia inicial en España, con visa turista limitada a 90 días.
Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado, advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.
La jefa del grupo criminal usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo, no sin antes aleccionarlas bajo nuevas amenazas.
Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos les prestaban dinero a un 20% de intereses, lo que suponía que la “deuda” no disminuyese, sino todo lo contrario, se convertía en una cifra astronómica difícil de saldar, quedando las victimas más atadas a la organización.
