El PSOE pide a PP-Cs que “deje los lamentos” y “busque soluciones” ante las sentencias del Supremo

Royo mantiene la posición de defender hasta el final los intereses del Ayuntamiento

El portavoz socialista de Hacienda en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, considera que defender judicialmente los intereses del Ayuntamiento “no es una opción, sino una obligación”. Al respecto, Royo mantiene la posición de defender “hasta el final” los intereses municipales y ha advertido al equipo de gobierno de que no utilice estos recursos “como forma de afianzar el discurso apocalíptico”. El PSOE pide al nuevo ejecutivo “que se deje de lamentos y busque soluciones” ante las sentencias condenatorias firmes del Tribunal Supremo.

Sobre posibles alternativos, ha manifestado Royo, el PSOE comparte los planteamientos que ha puesto sobre la mesa la consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo local, María Navarro, y que pasan por acudir al Fondo de Impulso que habilita el Estado para estas contingencias. También apuesta por emprender “negociaciones transparentes” con las contratas, con el objetivo de llegar a acuerdos extrajudiciales que permitan crear planes de pago asumibles por parte del Ayuntamiento. “Ahora más que nunca el Partido Popular debe de tomar consciencia de su papel en la ciudad”, ha destacado el edil.

En función de las propuestas que exponga el equipo de gobierno, tal y como ha adelantado Royo, el PSOE planteará, ya en septiembre, “algún tipo de iniciativa” de tal manera que se pueda “forzar al gobierno para ver cómo piensa solucionar este problema”. Royo se ha mostrado “sorprendido” de que el nuevo ejecutivo PP-Cs, en estos primeros 52 días de mandato, esté haciendo “lo mismo que hizo el Gobierno de Zaragoza en Común”, es decir, ha explicado, “recurrir a los argumentos de la patada hacia adelante”.

Desde el PSOE defienden las decisiones que se han realizado por parte de los dos últimos gobiernos, tanto del PSOE como de Zaragoza en Común, de presentar estos recursos y, por tanto, mantener los litigios hasta el final. “Hablamos de unos larguísimos procedimientos judiciales, a lo largo de los cuales se han dictado sentencias contradictorias”, ha defendido Royo.

Así, en el caso de FCC, la sentencia de primera instancia dio la razón a este Ayuntamiento o en el de Avanza, el propio TSJA falló a favor del Ayuntamiento, reconociendo un ahorro de unos 35 millones de euros. “Creemos que está más que justificada la decisión de los anteriores gobiernos de litigar en defensa de los intereses municipales”, ha defendido.

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