Chueca cree que el Área de Servicios Públicos perdió casi 14 millones de euros con ZeC

Actualmente queda por licitar Calatayud y Alagón y por habilitar Borja

La consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha denunciado que se ha encontrado con un Área “totalmente devastada económica, legal y organizativamente”. Ha señalado que “estar trabajando fuera de contrato con extra coste o no gestionar los ingresos potenciales ha reducido la dotación presupuestaria en torno a 13,8 millones de euros a lo largo de estos cuatro años por ineficiencia”.

Chueca ha querido iniciar la primera Comisión del ramo haciendo un diagnóstico del Área ya que ha considerado que es “el punto de partida para el futuro”. Ha detallado cómo la dotación presupuestaria de 2018 era de 170 millones de euros y que en los primeros meses de 2019 “se ha reducido, más o menos, a 148 millones”. En solo seis meses, ha apuntado, “se han reducido las partidas 21 millones y medio de los servicios básicos y esenciales”.

Asimismo, ha ejemplificado con servicios como la recogida de residuos “donde hay tres millones menos, cuatro en limpieza, casi dos en residuos y así una larga lista”, ha detallado. “De esos 21,5 millones menos, 13,5 corresponden a obligaciones contraídas por contrato, gastos que van a llegar a las arcas y que deberemos hacer frente”, ha añadido.

Desde el punto de vista legal, Chueca ha afirmado que la situación “no es más halagüeña que desde el punto de vista económico”. Ha denunciado que es un área “de ilegalidad” desde el punto de vista contractual. “Durante estos años no se han ido renovado los contratos, no se han licitado los pliegos de las nuevas contratas y la mayoría de los servicios públicos están caducados, lo que implica un sobrecoste enorme”, ha lamentado.

Además de la caducidad de los contratos, Chueca ha afirmado que también ha pasado lo mismo con las fuentes de ingresos “como la gestión de los servicios públicos de mobiliario urbano caducado desde 2014”, ha ejemplificado. “Todo este trabajo sin contrato está suponiendo un extra coste de unos 3,5 millones de euros al año”, ha señalado.

“Para los próximos cuatro años vamos a cambiar la gestión del área”, ha afirmado, reconociendo que se tomará como hoja de ruta los 50 pactos y medidas del pacto del gobierno con Cs. “Vamos a trabajar en la colaboración público-privada buscando la manera mas eficiente y la satisfacción e los ciudadanos”, ha puesto de manifiesto la nueva consejera municipal.

Postura de los grupos municipales

La portavoz municipal de Vox en esta Comisión, Carmen Rouco, ha enfatizado en su oposición a la línea 2 del tranvía, así como en su apuesta por el autobús eléctrico. También ha animado a Chueca a reconsiderar los carriles bici e incluso a proceder a “la eliminación de los que no son rentables”.

Desde Podemos, Amaro Bella se ha mostrado sorprendida con las cifras de Chueca. Así, le ha preguntado por el origen de estos datos y por el motivo por el que no espera a los de la auditoría. “Dependiendo del modelo de gestión y movilidad tendremos una ciudad más humana y sostenible o más vendida a la mercantilización de los servicios públicos”, ha resaltado.

Por su parte, el portavoz de Zaragoza en Común en materia de Servicios Públicos, y exconsejero del Área, Alberto Cubero, ha respondido apelando a que “los problemas se solucionan con medidas concretas, no creando oficinas con sus correspondientes jefes”.

Desde el PSOE, Luis Miguel García, ha apelado a la defensa del interés general animando “un poco” a dejar al margen las ideologías. “Deben estar, pero no deben de primar por encima de las resoluciones cotidianas de los problemas de afectan a los ciudadanos”. En este sentido, ha calificado de “catastrofista” la intervención de Natalia Chueca.

Chueca ha reconocido que no ha hablado de los planes porque “es fundamental conocer el escenario inicial”. Entrando en materia, ha detallado que la cuestión principal es “una operación de rescate de los servicios públicos”. En la movilidad ha reconocido que son necesarias “estructuras flexibles que se adapten a las nuevas necesidades”, pero para el Gobierno, ha dicho, la prioridad siempre va a ser el peatón seguido de los usuarios del bus y del tranvía y por último la movilidad compartida.

La nueva Corporación, ha destacado la consejera municipal, va a apostar por “la inteligencia” de los servicios públicos, un plan de economía circular avanzando en el reciclaje y continuando en la recogida orgánica selectiva. También prevén un plan de promoción del vehículo eléctrico “fundamentalmente en las flotas de los servicios públicos” y la introducción de cargadores eléctricos.

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