El Gobierno de Aragón envía la carta a la Generalitat para que se haga cargo del oso Goiat

Reunión que mantuvo el consejero Olona el pasado martes con alcaldes y ganaderos de la zona de Gistaín
photo_camera Reunión que mantuvo el consejero Olona el pasado martes con alcaldes y ganaderos de la zona de Gistaín

Ya es oficial. El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, mandó ayer una carta al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, pidiéndole que se haga cargo del oso Goiat.

En la carta el consejero trasladaba el malestar existente en el territorio por la presencia del animal. “…Como es sabido, Goiat es un oso considerado reiteradamente depredador al que precede un conflictivo historial. Su presencia en los Pirineos es consecuencia del programa de reintroducción gestionada por la Generalitat de Catalunya, fruto de decisiones políticas que respetamos, pero que no compartimos. Atendiendo a dichas circunstancias, así como al hecho de tratarse de tratarse de un programa de reintroducción en el que no participamos ni colaboramos, considero que debéis ser las autoridades catalanas quienes debéis haceos cargo del oso Goiat, tomando las medidas pertinentes que resuelvan el problema suscitado con la máxima urgencia posible…”.

Asimismo, Olona insiste en la misiva en que “…muestro rechazo y oposición se basa en que, bajo las circunstancias actuales, los programas de reintroducción, a nuestro juicio, no acreditan ni garantizan que el beneficio neto derivado de la reintroducción de osos foráneos compensen los desproporcionados costes sociales y económicos que dichos programas provocan en Aragón…”.

Por otro lado, el compromiso al que se refiere la Fundación Oso Pardo es, únicamente, una carta firmada por un director general del año 2013. Ni el consejero, ni después el Consejo de Gobierno, ha aprobado durante las dos últimas legislaturas ningún convenio marco ni protocolo de colaboración, y por tanto, sus afirmaciones carecen de validez legal. Las posiciones políticas expresadas por un director general del gobierno anterior en nada comprometen al actual en funciones, dejando claro que el Gobierno de Aragón cumple con todas sus obligaciones en materia de protección.