El valor añadido que impulsa a Aragón a salir de una crisis

La mayoría de los proyectos que han adquirido esta condición son de energía eólica

Hay palabras que definen esta pasada legislatura, y una de ellas, sin duda alguna, es la figura conocida como “declaración de inversión de interés autonómico”. Aunque el decreto que lo puso en marcha data de 2008, ha sido con el inicio de la salida de la crisis económica cuando ha tomado un cariz fundamental en el relanzamiento de la economía aragonesa. Decenas de inversores privados han solicitado al ejecutivo autonómico adquirir esta condición, ya que supone una facilidad sustancial para la puesta en marcha de una iniciativa empresarial.

La principal diferencia entre adquirir esta condición o no se basa en el tiempo de espera antes de poder arrancar la etapa productiva desde que la idea comienza a gestarse. Y es que, el apartado burocrático suele demorarse un año, según la complejidad del proyectos. Con esta fórmula se reduce a la mitad, lo que beneficia a la pronta recuperación de la inversión inicial desembolsada.

Por así decirlo, sería como adquirir un “fast pass” en un parque de atracciones, pero este no se consigue pagando un mayor precio, sino reuniendo una serie de requisitos. Principalmente, que vaya a generar empleo en sectores estratégicos para la Comunidad.

Sectores estratégicos

La energía renovable ha sido sin duda el sector estrella en estos últimos años. Solo en 2017 se hicieron con esta declaración casi medio millar de proyectos y ha continuado esta tendencia hasta hoy día. En gran parte se debe a que el grupo aragonés Forestalia ganó ese mismo año, 2017, gran parte de la “megasubasta” de licencias para instalar nuevos sistemas de energía renovable que puso en marcha el Gobierno de España, con casi la mitad de los ofertados (1.200 de 3.000 megavatios).

Sus características lo hacen un sector ideal para recibir este empuje de la Administración autonómica. Es una actividad que no contamina, genera empleo fuera de los grandes núcleos de población, proporciona recursos a los términos municipales en los que se instalan, hace uso de la innovación tecnológica y camina hacia el futuro que promueve los grandes organismos internacionales: la sostenibilidad.

La I+D+i es otro principal elemento a tener en cuenta para conseguir esta declaración. Así por ejemplo la ha obtenido una proyecto de reciclaje de aerosoles, extintores, envases, PVC, residuos eléctricos y electrónicos, airbag y cinturones de seguridad que pretende instalarse en Gurrea de Gállego y que, por sus características, abandera el modelo de economía circular.

En este ámbito, también han conseguido reducir sus trámites los proyectos Sphere, en Pedrola, y Genepol y Politer, en Escucha y Montalbán. Y estos dos últimos con más razón, ya que, en enero de 2019 se modificó el decreto ley que regula las declaraciones de inversión de interés autonómica para que se valore la especial relevancia para el desarrollo económico, social y territorial en las comarcas y municipios mineros aragoneses. Lugares que fueron habitados en base a una etapa carbonífera que sufre ahora de forma descarnada el fin de sus días.

Samca reconvertirá la actividad de sus minas con la ayuda de esta figura

Precisamente, en las comarcas Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón y Cuencas Mineras también reducirá su tramitación un proyecto de calado de Samca. Una empresa que tendrá que dejar de extraer en sus minas a cielo abierto por el cierre de la Central Térmica de Andorra, pero que ahora, gracias a este cambio de actividad, podrá mantener 85 puestos de trabajo directos y 40 indirectos. Será mediante la fabricación de fertilizantes organominerales; es decir, utilizando para ello recursos minerales y residuos ganaderos y agrícolas.

El otro sector estratégico que está ganando protagonismo en estas declaraciones es el agroalimentario. Con esta ayuda, Granja San Miguel invertirá 28,9 millones en dos granjas de huevos en Ferreruela de Huerva y Daroca. También el grupo Pini, que pretende implantar un matadero en Binéfar que, calculan, generará la friolera de 1.600 puestos de trabajo. Eso sí, este podría verse perjudicado por el encarcelamiento de uno de sus propietarios en Hungría por fraude fiscal.

Pero, sin duda, el proyecto que se lleva la palma es el de BonÁrea en Épila. Tal será su envergadura que el Ejecutivo autonómico aprobó en marzo un Plan de Interés General Autonómico (PIGA). Este supuso el punto de partida al inicio de la obras de una inversión de 20 millones de euros y que generará 3.800 puestos de trabajo de forma progresiva en los próximos diez años, cuando termine de erigirse el macrocomplejo con el que extender su actividad -hasta ahora acotada a Cataluña, Aragón y Valencia- a toda España.

El fundador del grupo Guissona -al que pertenece BonÁrea-, Jaume Alsina i Calvet, visitó el lugar en el que se erigirá el complejo con el presidente de Aragón

No podía faltar en este grupo prominente el sector automovilístico. En enero de este año el Ejecutivo aprobó la declaración del proyecto promovido por la empresa Rhenus Automotive Systems Zaragoza en Pedrola, que supondrá la inversión de 6,2 millones de euros y la creación de 110 puestos de trabajo. Sus líneas se dedicarán a la nueva generación del Opel Corsa. Un coche que siendo punta de la lanza de la pequeña gran industria aragonesa, estuvo amenazado su traslado a otra planta de la firma automovilística alemana en plena negociación del convenio de sus trabajadores.

¿Utilización política?

El Ejecutivo PSOE-CHA que ha dirigido la DGA la pasada legislatura ha hecho gala de esta figura de forma continua estos cuatro años. Un protagonismo que no ha recibido críticas de la oposición hasta que han llegado las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2016. Y es que, en plena campaña, el Consejo de Gobierno dio el visto a varios de estos “fast pass”.

Acción que criticó la oposición al considerarla electoralista. Sin embargo, la consejera de Economía, Marta Gastón, aseguró que este proceso se inicia una vez lo solicita el interesado, aportando la documentación y la memoria necesaria, y que, tras recibir los informes preceptivos favorables, se lleva a aprobación definitiva. Estas declaraciones las hizo en el último consejo de Gobierno antes de las elecciones, en el que se aprobaron tres declaraciones de interés a seis días de los comicios.

Sea como fuere, la realidad es que las cifras de crecimiento económico aragonés durante los últimos tres años son arrolladoras. Se ha convertido en la tercera Comunidad con menor tasa de paro, solo por detrás de las potentes Navarra y País Vasco. Solo el tiempo permitirá revelar el impacto que las declaraciones de interés autonómico han tenido en la economía aragonesa. Quizá convierten a la despoblada Aragón, por qué no soñar, en el paradigma de la recuperación económica.

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