El caso La Muela dejará más de 1,5 millones en el Ayuntamiento

La Muela tiene actualmente una deuda por habitante de 1.267 euros

La sentencia del caso La Muela, que ha condenado a siete personas a más de 27 años de cárcel en total, tendrá una repercusión económica muy importante para el municipio. Y es que los procesados tendrán que responder también de distintas responsabilidades civiles que ascienden a más de 1,5 millones en beneficio del Ayuntamiento muelano.

La excalcaldesa María Victoria Pinilla tendrá que hacer frente a más de 22.000 euros por gastos de teléfono y dos viajes, uno a la República Dominicana y otro a Santo Domingo. Además, Pinilla, Julián de Miguel e Ignacio Unsain tendrá que devolver conjuntamente  1,3 millones obtenidos por la venta de dos parcelas.

Además de otros 400.000 euros, también de forma conjunta y solidaria entre Pinilla, Antonio Fando y Juan Carlos Rodrigo, por la cuantía entregada al Instituto Aragonés del Agua (IAA) en devolución de la subvención indebidamente percibida en 2008. A esta cuantía hay que sumar los intereses de demora desde que el Consistorio devolvió el dinero.

Por esta cuestión, también será indemnizado el IAA, ya que Pinilla, Fando y Rodrigo deberán entregar los intereses devengados de dicha subvención desde que fue concedida hasta que fue devuelta por parte del Ayuntamiento.

La Hacienda Pública ingresa casi medio millón de euros 

La Hacienda Pública recibirá de forma solidaria entre los condenados 498.000 euros. De ellos, algo más de 176.000 serán abonados por Laureano Pablo, Antonio Gimeno y Juan Antonio Embarba (condenados en la primera sentencia del caso dictada en septiembre de 2016), por lo defraudado en 2008 en el impuesto de sociedades de Inmuebles el Raso SL., cantidad de la que responde subsidiariamente “Inmuebles El Raso”, también condenada.

El resto, más de 321.000 euros, correspondientes al delito fiscal en el IRPF cometido en 2005. De esta responden subsidiariamente Tudela Inmobiliaria y Gestión, S.L. y Aragón Navarra de Gestión, S.L. Por su parte, los hermanos David y Julio de Miguel deberán indemnizar a la Agencia Tributaria con casi 350.000 euros cada uno por la cuantía defraudada en el IRPF de 2006.

En tribunal absuelve a Alberto Lozano, (director de la Oficina de Cajalón en La Muela entre 1991 y 2009) del delito de blanqueo de capitales porque entiende que dicha oficina no fue utilizada por Pinilla y su familia para blanquear los más de tres millones recibidos en cohechos, y la actuación negligente “que pudo tener el acusado”, de ser considerada delito, habría de ser calificada como “imprudencia y no como un delito doloso”, según la sentencia. Además, el tribunal esgrime que, aunque su actuación pudiese ser delictiva, habría prescrito.

En el caso de José Francisco Aramburu (socio de Construcciones Sagain), los juzgadores acuerdan su absolución por el delito de tráfico de influencias al haber sido retirados los delitos que el Ministerio Fiscal le imputaba – el único que dirigía acciones penales contra él-.

Dilaciones indebidas y escuchas telefónicas 

Respecto a la alegación realizada por las partes sobre “dilaciones indebidas”, atenuante aplicada a todos los acusados, corroboran los magistrados que se trata de una causa de gran complejidad “que no ha podido ser tramitada con mayor agilidad dada también la dificultad de investigar todos los hechos enjuiciados” y aunque reconocen que a lo largo de su tramitación se han producido periodos de más o menos dilaciones, en ningún caso éstas “han supuesto una paralización indebida, sino que son consecuencia de la complejidad de la causa y el gran esfuerzo que supone su tramitación por el Juzgado de Instrucción y para la Audiencia, así como la misma Fiscalía”.

Cabe recordar que la causa consta de más de 89.433 folios: 84.404 de la fase de instrucción, más de 1.000 documentos de prueba y 4.029 folios en el rollo de sala de la Audiencia Provincial.

No obstante, entiende el tribunal que “la realidad es que tanto para esos acusados, como para los que se les anuló el juicio por falta de motivación de la sentencia primera, se ha producido una dilación de más de dos años no imputable a ellos y que nunca hubo de darse, lo que lleva a considerar la aplicación de la atenuante ordinaria del artículo 21.6ª”.

Respecto de las alegaciones presentadas por las partes impugnando algunas escuchas telefónicas y entradas y registros, el tribunal sentenciador, en los numerosos fundamentos que se recogen en distintos folios de la sentencia, explica razonadamente que tanto las escuchas telefónicas como las entradas y registros están justificadas y son válidas.

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