En Aragón existen 30.000 personas dependientes con necesidad de atención. Una atención que, por persona, requiere de, al menos, doce minutos. Sin embargo, las cuentas no salen, porque el sector de la Dependencia en Aragón se encuentra en una “alarmante situación de desbordamiento” que urge ser paliada. Es la advertencia que lanzan con aseveración los sindicatos mayoritarios (UGT-CCOO) a través de la que solicitan tanto a la administración general como a las distintas patronales un cambio fondo – forma en el escenario laboral vigente. Aseguran que el personal de los centros (residencias) está “al límite”, entre otras cuestiones, por la descompensación en la carga de trabajo que ha de asumir cada trabajador. Lo que comúnmente se conoce como “ratio”. Una estadística que, según denuncian, es en cierto modo alterada con el objetivo de mantener “un marco laboral perfecto” que no deje entrever la “precariedad” real a la que asisten unos 10.000 trabajadores aragoneses.
Los sindicatos han querido aclarar públicamente esas cifras. Así, explican, mientras la ratio actual está situada “en tres usuarios por trabajador”, la lectura que ha de hacerse debe ser más exigente, pues dentro de ese trabajador registrado se computan “todos y cada uno de los trabajadores del sector, sin diferenciación por categorías ni turnos”, matiza la secretaria general de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT Aragón, Alicia Hernández. Esto es: En esa operación matemática, no se distingue realmente a los gerocultores (quienes hacen atención directa con un usuario), del telefonista, el director o el jardinero del centro. Tampoco se pondera el trabajo por turnos.
Por tanto, la ratio de atención directa “real”, argumenta Hernández, es de unos “nueve usuarios por trabajador”, cuando debería ser del “0,24 y no del 0,3 actual”. Una situación que impide una atención “digna y de calidad”, pues son los propios trabajadores quienes se ven sumidos en un contexto laboral de riesgo, desembocando directamente en situaciones de baja médica -ya sea por problemas de salud física o psicológica-. Bajas que, por otro lado, añade la responsable, “han de ser cubiertas por el resto de trabajadores”, porque no se contrata más personal para ello. La consecuencia directa es que su carga de trabajo se ve aumentada, sin que ese aumento se vea proporcionalmente ajustado en los sueldos percibidos -que son por debajo de los 14.000 euros anuales-.
Nuevos convenios para frenar al “perverso negocio” de la Dependencia
Por todo ello, desde los sindicatos reclaman una “nueva normativa” autonómica que incorpore mejoras a todos los niveles: Además de la ya referenciada reformulación de ratios de personal en residencias, exigen que ningún salario se sitúe bajo esos 14.000 euros anuales, además de que se ejecute el incremento de ente el 3% y 4% por año de convenio. Asimismo, se plantean la reducción de la jornada anual de trabajo, para que pueda instituirse un régimen de mayor calidad para todos. También, proponen avanzar en los correspondientes permisos de conciliación, pues siguen bloqueados desde hace una década.
Asimismo, exigen el desbloqueo de las negociaciones del macro-convenio estatal al que se acogen 200.000 trabajadores en todo el país, al mismo tiempo en que demandan que la administración autonómica tome más cartas en el asunto, pues ha ido “paulatinamente” dejando el servicio de atención a mayores en manos privadas (en Aragón, tan solo quedan seis residencias 100% públicas y el resto se acogen a un convenio de concertación de camas con la administración pública). Critican que dicha externalización se haya terminado traduciendo en políticas monetarias y no sociales, cuyo objetivo no es otro sino “ganar dinero a costa de los trabajadores”, haciendo de la dependencia un “perverso negocio”.
