La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional de Zaragoza ha llevado a cabo una operación por un supuesto delito en la documentación de trabajadores temporeros extranjeros que se ha saldado con doce detenidos. Se trata de diez personas de origen subsahariano que presuntamente suplantaron la identidad de otras personas para ser contratadas, además de otras dos personas encargadas de esta contratación, que habrían cometido presuntas negligencias al comprobar los documentos.
La investigación se inició tras recibir varias quejas que ponían de manifiesto la posible existencia de irregularidades en la contratación de una finca hortofrutícola de la zona de Ricla, actualmente dedicada a la recolecta de la cereza y el albaricoque.
Una vez localizada la finca y realizadas las primeras gestiones de investigación sobre la existencia de las posibles actividades ilegales, el pasado martes 4 de junio, se estableció un dispositivo formado por agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y funcionarios de Inspección de Trabajo, para llevar a cabo un control e inspección de los ciudadanos extranjeros que se encontraban trabajando en la citada finca.
Tras las investigaciones, se puedo comprobar que existían grupos de temporeros formados por unas 30 personas de diferentes nacionalidades que eran contratados a través de diferentes Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
En una de estas ETT, los agentes encontraron un listado de contratados de origen subsahariano, los cuales habían empezado a trabajar identificándose con la fotocopia del NIE de otra persona. Tras comprobarlo, quedó demostrado que estas personas eran suplantadoras de esa identidad, por lo que se procedió a su detención.
Los encargados de esas contrataciones, representantes de una ETT y que en el momento de la inspección aportaron la documentación que les habían presentado los trabajadores, fueron también detenidos por no haber requerido la documentación original, aceptando una mera fotocopia del documento para empezar a trabajar. Una acción también punible según la legislación laboral y la penal contra los derechos inherentes a cada trabajador.
La situación hacía por lo tanto que no se atendiera ni a sus derechos de cotización por accidente, alta en la seguridad social, vacaciones ni retribuciones básicas por desempleo, al no tratarse de las verdaderas personas con permiso de trabajo en España.
La Inspección de trabajo por su parte realizó comprobaciones de las altas en la seguridad social, faltando a este trámite varios de los trabajadores que allí se encontraban.
