Son muchas y diversas las administraciones públicas, territoriales, institucionales y corporativas las que existen, intervienen y actuan sobre el territorio y la población de nuestra Comunidad Autónoma, con diferentes competencias, normativas, organizaciones y medios, que suponen una variada panoplia de instrumentos y figuras de intervencionismo regulador sobre la actividad privada de los ciudadanos, grupos, entidades y empresas, que dan lugar a una “maraña de confusión y dificultad” configuradora de una “carrera de obstáculos” que dificulta muchas veces innecesariamente la actividad e iniciativas de los emprendedores y creativos de nuevas oportunidades de empleo.
Es necesario acometer con urgencia, en situación de crisis globalizada que amenaza, una serie de medidas inmediatas, atendiendo a las Directivas Comunitarias de la UE, que modifiquen las estructuras organizativas de las AA.PP., sus procedimientos, sus instrumentos legales y/o reglamentarios, sus medios materiales y sus recursos humanos, a fin de adaptarse a los nuevos tiempos que corren, y a las necesidades de la sociedad civil, y de los ciudadanos de a pie que sufren las consecuencias de la nueva situación, y se ven gravados además con una pesada carga fiscal que asfixia sus economías domésticas.
No basta con disponer de buenas leyes, reglamentos y marcos normativos vistosos y brillantes, con organigramas sobrecargados de directivos, cargos públicos, asesores y medios protocolarios o de boato, además de una sobredimensionada publicidad institucional que, en muchas ocasiones no se corresponde con la realidad; sino que es necesario aplicar con rigor y eficacia la normativa y los medios e instrumentos al alcance de los que tienen que decidir, con altitud de miras y espiritu de servicio a una sociedad que les ha elegido, y a la que han jurado o prometido servir.
Auditorías, reformas estructurales, compromisos reales de calidad, autorregulación y códigos de conducta, planes estratégicos de recursos humanos, evaluación del desempeño, inspección de servicios, simplificación de trámites y ampliación de horarios de atención al ciudadano, reducción del gasto público innecesario e ineficaz socialmente, sistemas de mediación, conciliación y arbitraje como alternativa a la vía judicial en la resolución de conflictos con usuarios y empleados públicos, simplificación de normas y supresión de órganos, accesibilidad e igualdad de oportunidades, etc. son, entre otras muchas, medidas urgentes que deberán adoptar urgentemente nuestros próximos representantes locales y autonómicos si no quieren que la situación se vaya de las manos. Son ya muchas oportunidades, y los ciudadanos/as no pueden ni deben esperar más.
