En España, y en Aragón, miles de familias se encuentran hoy en una situación de alta vulnerabilidad, por no tener recursos suficientes para pagar las facturas de la luz, lo que desencadena cortes masivos de suministro. Es la llamada pobreza energética. Una lacra que Aragón trata de frenar. Para ello, Gobierno, la Federación de Municipios, Comarcas y Provincias, y Endesa, han renovado este miércoles el convenio -iniciado en 2016- por el que las tres partes se comprometen a garantizar a las familias en riesgo ese suministro de luz y gas.
En este tiempo, y gracias al blindaje de la Ley de Pobreza Energética y la partida habilitada de Ayudas de Urgencia, Aragón se ha hecho cargo del pago de facturas de más de 8.500 familias vulnerables por valor de 3 millones de euros. En el transcurso de 2019 -hasta el 30 de abril- el número de consumidores vulnerables que se han beneficiado asciende a 955 y el importe de sus facturas a 416.313 euros.
Son acciones de las que “nos sentimos muy satisfechos”, revela la propia consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, porque “no podemos permitir que ninguna familia, ni mucho menos ningún niño, no tenga electricidad o gas en casa”. Dos elementos considerados “fundamentales” para la confortabilidad mínima de un hogar. La cooperación entre las tres instituciones es contemplada por el presidente de la Federación de Municipios y Comarcas, Luis Zubieta, como “un gran paso para avanzar en derechos sociales” porque no es lícito que se permita en pleno siglo XXI “que haya familias que se queden sin electricidad y gas”.
Por su parte, el director general de Endesa, Ignacio Montaner, ha querido hacer pública la “sensibilidad” de su empresa para con esta cuestión, y ha asegurado que seguirá reforzando el compromiso que determina el convenio. Un convenio que seguirá vigente como asignatura política troncal, porque continuará estirando la flexibilidad de los plazos marcados por ley para frenar los cortes energéticos. También, acogerá mejoras en la gestión de los Servicios Sociales, encargados de detectar posibles consumidores de riesgo, y anticiparse a sus necesidades. El objetivo de todo ello es que ninguna familia de ningún municipio se quede sin algo tan vital hoy en día como la energía.
Bases del convenio: No se suspenderá el suministro al beneficiario del bono social
La compañía eléctrica se comprometerá con el convenio a través de descuentos aplicados en la factura eléctrica de los clientes vulnerables y con la ampliación del plazo de pago. Además, Endesa realizará diferentes acciones tales como conferencias a los ciudadanos sobre el contenido de la factura eléctrica y la mejora en los hábitos de consumo; charlas informativas a los técnicos de los servicios sociales para explicar los requisitos necesarios para la concesión del bono social.
Cuando se proceda a tramitar el pago de las ayudas en materia de pobreza energética para evitar el corte del suministro o su restablecimiento, si el consumidor no dispone de bono social, la comercializadora deberá informarle de las previsiones y ayudas que asisten a los consumidores vulnerables conforme a la normativa vigente, y en particular, a advertirle de la posibilidad de solicitar, cumpliendo las condiciones legales, el bono social.
No podrá suspenderse el suministro del consumidor que incurra en impago de la factura eléctrica cuando sea beneficiario del bono social y para su aplicación haya acreditado formar parte de una unidad familiar en la que haya al menos un menor de 16 años, o cuando alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia reconocida de grado II o III, o tenga una discapacidad reconocida igual o superior al 33%, y se acredite la vulnerabilidad social de estos colectivos mediante documento expedido por los servicios sociales de las Administraciones Públicas competentes.
