Linceci, la organización que decía recaudar fondos contra el cáncer infantil y cuyos responsables fueron detenidos el pasado 1 de junio acusados de estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal , logró amasar una fortuna de más de cinco millones de euros en cuatro años de los que destinó un porcentaje “ínfimo” en la lucha contra esta dolencia. Así lo han explicado este lunes el inspector jefe de la Udyco Alberto Larriba y el inspector jefe de la Sección de Blanqueo de Dinero de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal.
Esta operación, que se ha saldado con cinco detenidos -de los cuáles el cabecilla R.P.R. y un ciudadano peruano, han ingresado en prisión y los otros tres se encuentran en libertad con cargos- comenzó en julio de 2018 tras una denuncia de la asociación Aspanoa. En este tiempo se observó que los responsables de la asociación poseían varias sociedades pantalla gestionadas por testaferros-cinco o seis, cifra la policía- mediante las cuales movían el dinero recaudado.
La organización funcionaba con dos “call center” situados en Zaragoza y en Perú, al cuál llegaron a destinar 300.000 euros. Además, también usaban la entidad “Bomberos Unidos Gestión Pymes” para recaudar fondos y solían organizar actos solidarios como donación de juguetes o de atención a niños con cáncer con el objetivo de obtener publicidad.
DESTACA EL ALTO TREN DE VIDA DE LOS DETENIDOS
Los agentes de la Policía Nacional han destacado el alto nivel de vida de los detenidos en esta organización. Los detenidos disponían de un chalet y un piso en la capital aragonesa y otro piso en una localidad de la costa mediterránea y habían adquirido diez coches de alta gama, uno de ellos recién estrenado.
Además, los agentes también han señalado los altos salarios que se habían impuesto tanto el cabecilla de la organización como su mujer: 15.000 euros mensuales él como director de la organización y 5.000 ella, que ocupaba el cargo de administrativa en el call-center de Zaragoza. “Esto dato sorprende aún más teniendo en cuenta que se destinaban a Perú 14.000 euros al mes”, apostillaba el inspector Larriba.
Por último, los agentes han señalado que los trabajadores de estos centros -más de 100- no eran conscientes del entramado societario montado por los responsables para su lucro personal y que la operación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones.
