IU aboga por una fiscalidad progresiva que permita mantener unos servicios públicos de calidad

Sanz asegura que las familias trabajadoras han sido el sostén financiero de lo público durante los diez años de crisis

Aragón está por debajo de la media española en lo que a presión fiscal se refiere. Eso impide, según Izquierda Unida, que se puedan garantizar unos servicios públicos dignos. Por ello, la formación se postula a favor de implementar impuestos progresivos para que las grandes fortunas “hagan la aportación que tienen que hacer al sistema para que haya igualdad y servicios de calidad para todos y todas”.

El candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, asegura que “en estos diez años desde el inicio de la crisis, el sostén de lo público ha corrido a cargo fundamentalmente de las familias trabajadoras”, que a través del IRPF y el IVA, han sacado a flote la economía. Mientras esto ocurría, el impuesto de sociedades se reducía a la mitad, todo con el visto bueno de la derecha y del PSOE, critica Sanz, que se ha limitado “a gestionar este estado de las cosas”.

“Aquellos que dicen que se puede mantener la red de servicios públicos bajando impuestos, mienten o los quieren privatizar”, ha continuado. Para IU, la sanidad, la educación, la dependencia o la vivienda son más que un derecho; son una necesidad y por eso hay que evitar “que hagan negocio de nuestros derechos”.

“Nosotros planteamos que pague más quien más tiene y sobre todo aquellos que generaron la crisis: las entidades financieras, los bancos, las grandes empresas, las grandes superficies comerciales y las rentas más altas”, pormenoriza Sanz. Todo con objeto de que se haga “justicia” para las familias trabajadoras porque “no podemos tener unos servicios públicos a la altura de los que tiene Suecia con la presión social de Bulgaria”.

IU también propone recuperar el impuesto de sucesiones con una fiscalidad ajustada al nivel económico y aumentar la inspección fiscal para detectar las evasiones (según datos de la formación, el 91% de las empresas del IBEX tienen paraísos fiscales).

Estas declaraciones las ha hecho Álvaro Sanz junto a la candidata por Zaragoza a las Cortes, Marga Deyá, a las puertas del Banco Santander en la calle del Coso. Una manifestación cargada de significado ya que la entidad ha anunciado un ERE para sus trabajadores que supone cerrar 1.000 sucursales en todo el país, que en buena parte vertebran el territorio rural y generan empleo. “Eso supone que casi 4.000 familias se van a la calle. Y lo hace una empresa que ha tenido unos beneficios en 2018 de casi 8.000 millones de euros”, argumenta Sanz, asegurando que el “sector financiero especulativo” sigue provocando crisis en las familias.

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