El candidato de Izquierda Unida a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, ha hablado sobre las medidas de la formación contra la corrupción en un acto electoral en La Muela, junto a la candidatura municipal Ganar La Muela. Sanz ha apostado por “endurecer las penas contra corruptos corruptores públicos y privados” y por hacer que estos delitos no tengan “fecha de caducidad” y no puedan prescribir.
Para lograrlo, IU plantea una Ley integral y severa anti-corrupción, incorporando el delito de enriquecimiento ilícito (patrimonio injustificado) o presunciones sobre la titularidad de bienes u obligaciones de declarar o medidas cautelares que impongan el cese de políticos imputados y el abandono del cargo. Además, la formación de izquierdas propone complementar la norma anterior con una Ley expropiatoria de bienes y derechos adquiridos mediante la utilización de prácticas declaradas corruptas.
“Los corruptos tendrán que asumir los costes directos e indirectos que reportan de sus acciones delictivas: aquello evadido o dañado, perjuicios a terceros, costes de restitución del derecho lesionado y costes judiciales”, ha explicado Álvaro Sanz.
En cuanto a los representantes electos, IU determina que sus salarios no pueden exceder al del funcionario de rango más alto de la administración en la que ejerce su labor y considera que se deben eliminar los complementos por cargo donde todavía persistan así como la eliminación de los planes de pensiones privados u otras prestaciones otorgadas por el hecho de ser cargo público y que sean pagados con cargos a los presupuestos de cualquier institución pública.
También propone que los cargos públicos y cargos de libre designación tengan prohibido recibir obsequios o invitaciones por parte de contratistas de la institución y la incompatibilidad radical para la gestión y contratación del sector público por empresas que cuenten en sus órganos de gestión o abonen cualquier tipo de servicio a quienes, como gestores o responsables del sector público, hayan trabajado en la Administración los tres años anteriores.
También encontramos en su programa electoral una Reforma de la Ley de Incompatibilidades de Altos y Altas Cargos públicos y la regulación de un sistema de dedicación absoluta y de incompatibilidades de todos los altos cargos de gobierno municipales, así como de los miembros de las Comisiones Provinciales y Autonómicas de Urbanismo, en relación con las responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo, vinculadas al sector de la construcción y el urbanismo.
En relación a la construcción y el urbanismo, Sanz ha explicado que Izquierda Unida propone el registro público de recalificaciones del suelo. En este sentido, exige, a través de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, de la Ley de Gobierno local y de la Ley de financiación de las Haciendas Locales, que todos los alcaldes y concejales tengan obligación de presentar su declaración de bienes en un registro público y que a partir de un determinado importe o duración, todos los contratos públicos tengan que ser aprobados por el pleno y no por el equipo de gobierno en solitario.
