Escó, Iglesias y Floría, absueltos de todos los cargos por el caso Plaza

Iglesias, Escó y Floría, durante una de las vistas del juicio
Iglesias, Escó y Floría, durante una de las vistas del juicio

La Audiencia de Zaragoza ha absuelto de todos los cargos de que se les acusaban por el caso Plaza a los únicos tres acusados que no habían llegado a acuerdos previos con la Fiscalía; el entonces consejero delegado de Plaza, Carlos Escó, y los empresarios Agapito Iglesias y Miguel Ángel Floría.

Según la sentencia, los correos denominados “miserias” en los que el entonces gerente de Plaza, Ricardo García Becerril, denunciaba delictivas prácticas de Escó, son “pruebas testificales” y, por tanto su validez “depende de la credibilidad del testigo”. Y añade, que, en la vista oral, ha quedado probada la “mala relación” entre ambos. Respecto a todas las acusaciones que en ellos se hace, durante las investigaciones llevadas a cabo, “no se ha acreditado que -Escó- sustrajese caudales públicos”, concluye.

En el documento hecho público este viernes se reconoce que la única decisión tomada por Escó fue la realización de un vídeo encargado al empresario Miguel Ángel Floría, “en atención a las facultades reconocidas” como consejero delegado de la plataforma.

Respecto a Floría, “no se ha acreditado que intentase corromper” a Escó “ni que este le solicitara dádiva o presente alguno”, señala la sentencia. Y, si Escó acudió a las instalaciones de su empresa, “obedece a una estrategia comercial por parte de este, que no puede ser considerada como tal, salvo que, con carácter general, pretendamos criminalizar todas las estrategias comerciales empresariales”.

A la salida del juzgado, donde ha recogido la sentencia, Floría ha asegurado que “el tiempo pone a cada uno en su sitio”, además de haber lamentado que el tiempo que ha pasado como acusado “no se lo recomiendo a nadie”. Su abogado, José Antonio García Huici, se ha referido a los correos “miserias”, de los que considera que ha quedado probado que “no hay ninguna prueba que pueda acreditar la certeza de esos correos y que son meras manifestaciones”.

Como resultado de esa visita, Floría realizó un vídeo promocional del parque lineal de Plaza, del que el tribunal concluye “los diversos conceptos que comprenden el vídeo”, por los que se dividió la factura en cinco partes, “ascienden a un importe de 47.880 euros, precio que se encuentra en consonancia con los distintos valores contrastados”. En relación al recubrimiento de fachadas que realizó dicho empresario para unos edificios del complejo logístico, expone que “el valor de la obra ejecutada está alineado con el valor del mercado”.

En relación al empresario Agapito Iglesias y el informe que mandó elaborar a la consultora Pulsar, propiedad de las hijas de Becerril, alega que, “a pesar de alguna carencia puntual en su forma y estructura, es perfectamente válido y adecuado” y “está facturado a precio de mercado”.

Para Escó, la Fiscalía solicitaba cuatro años y nueve meses de prisión y 20.000 euros de multa. Para Iglesias, la pena de cárcel se elevaba hasta los cinco años y diez meses, además de una multa de 755.000 euros. Por último, para Floría se solicitaban tres año y tres meses de cárcel y 20.000 euros de multa. Tras la sentencia, todo ello ha quedado en nada.

Condenados 

Este caso termina con trece condenados. Todos ellos llegaron a acuerdos previos con la Fiscalía en los que reconocían los delitos de los que se les imputaba y conseguían así una reducción de condenas respecto a lo solicitado inicialmente.

De ellos, solo dos entrarán en prisión. García Becerril y el exdirectivo de la contratista Acciona José María Jordán. Becerril, cumplirá dos años y un día de prisión por malversación de caudales públicos. Por el resto de delitos deberá realizar más de 700 días de trabajos en beneficio de la comunidad.

Además, como partícipe a título lucrativo de un delito de blanqueo de capitales, Becerril debe responder económicamente con una finca propiedad de su mujer situada en Plaza, el dinero intervenido en tres de sus cuentas corrientes, dos pisos adquiridos en 2005 en Zaragoza y un vivienda y un trastero en Salou.

Por su parte, Jordán cumplirá dos años y un día de cárcel también por malversación de caudales públicos, y en cuanto al resto de delitos serán compensado con el pago de 100.000 euros.

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