ZeC calcula que solo en este mes hay previstos unos 30 desahucios en Aragón

Híjar ha mantenido un encuentro con representantes de Stop Desahucios

Zaragoza en Común calcula que hay más de 20 casos señalados de desahucios en Aragón, la mayoría concentrados en la capital aragonesa, a los que hay que sumar otros expedientes abiertos en la Oficina Municipal, lo que haría que la cifra ronde los 30 casos solo para este mes. Los nuevos criterios “restrictivos”, tal y como ha manifestado el concejal delegado de Vivienda, Pablo Híjar, “han provocado que no existan las valoraciones o que haya cierta incertidumbre en este aspecto” y, sobre todo, reclama que se vuelva a presuponer la buena fe a las familias ante el riesgo de perder la vivienda habitual.

El Ayuntamiento, ha recordado Híjar, cuenta con catorce viviendas cedidas al Gobierno de Aragón que están a su disposición para atender a estas familias “y no las ha ocupado”. Por ello, el edil ha hecho un llamamiento a la DGA para que “estas familias sean alojadas en las viviendas municipales”. “Pedimos cordura para que al menos el mandato termine cumpliendo con las obligaciones de las administraciones públicas aragonesas para solucionar estos problemas”.

Híjar ha mantenido un encuentro con portavoces de la Plataforma Stop Desahucios ante la preocupación mostrada por cómo se estaba actuando con el nuevo convenio suscrito entre el Consejo Superior del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias. El edil ha aprovechado para reprochar que el Consistorio zaragozano “no fue consulado” sobre el contenido del documento “y habríamos puesto el grupo en el cielo en algunas cuestiones”, ha añadido.

Por su parte, la portavoz de Stop Desahucios, Concha Cano, lamenta que ahora la buena fe “supone que tienes que ser más pobre ahora que cuando firmaste el contrato”, por lo que “hay muchísima gente que se quedaría en la calle, como todos los que viven de subvenciones y prestaciones”, ha apuntado. No obstante, Cano ha anunciado que, después de haberse reunido con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, han conseguido que finalmente la Administración autonómica valore esta situación de “buena fe”.

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