La Diputación Provincial de Teruel podrá destinar este año 6.6 millones de euros a realizar Inversiones Financieras Sostenibles en la provincia. Esta mañana, la institución provincial ha conocido en el pleno ordinario del mes de abril el importe que podrá destinar al Fondo de Inversiones Financieramente Sostenibles (FIMS) de 2019 que la institución aprobará próximamente tras haber cerrado el Presupuesto de 2018 con superávit.
Según el informe técnico que hoy se ha dado a conocer, de la liquidación del presupuesto de 2018 resultó un remanente de Tesorería de 6.714.687,07 euros. De esa cuantía global hay que restar 98.748,77 euros que deben destinarse a pagar a acreedores pendientes del pasado año.
“Según los datos que hoy hemos conocido, podemos decir que la Diputación de Teruel ha cumplido con los requisitos establecidos en la legislación vigente para poder contar con casi 7 millones de euros para inversiones sostenibles en los municipios ya que hemos cumplido el ratio de endeudamiento, el superávit presupuestario, el remanente de Tesorería, que acumula más de 22 millones de euros, y el plazo medio de pago a proveedores”, relata el presidente de la institución provincial, Ramón Millán.
Así, el superávit presupuestario se cifra en 6.7 millones de euros mientras el remanente consolidado de Tesorería alcanza los 22 millones de euros. El ratio de endeudamiento está en el 41,01% (muy por debajo del 110% permitido por ley) y el plazo medio de pago a proveedores es menor de 30 días, concretamente de 12,32 días a fecha marzo de 2019.
El vicepresidente primero de la institución, Joaquín Juste, remarca el esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno para que la institución “tenga una buena salud financiera, lo que inevitablemente repercute en positivo sobre nuestros ayuntamientos que pueden contar con más recursos”, decía.
La Diputación Provincial aprobará en próximos plenos el reparto del FIMS según las bases y criterios que se establezcan al respecto y que entre otros aspectos se concreta con una cantidad fija por cada una de las entidades además de por núcleos de población y por número de habitantes a excepción de Teruel, Alcañiz y Andorra.
Los municipios podrán destinar las cuantías que finalmente se aprueben para realizar actuaciones susceptibles de ser consideradas financieramente sostenibles como por ejemplo son las dedicadas a seguridad y orden público, ordenamiento del tráfico y del estacionamiento, protección civil, servicio de prevención y extinción de incendios, vías públicas, alcantarillado, saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público, parques y jardines, protección y mejora del medio ambiente, creación o funcionamiento de centros docentes, bibliotecas y archivos, equipamientos culturales y museos, protección del patrimonio histórico-artístico, instalaciones deportivas, mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos, industria, energía, comercio, información y promoción turística, transporte de viajeros, infraestructuras del transporte, recursos hidráulicos, carreteras, caminos vecinales, sociedad de la información o la gestión del patrimonio, pudiendo estar incluidas las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local.
Además, la Diputación de Teruel ha aprobado, en el pleno de este mes, un Plan Económico Financiero para el periodo 2019-2020 al que está obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria con la idea de corregir el incumplimiento de la regla de gasto en el que se ha caído en el Ejercicio de 2018, entre otros motivos por la ampliación de los plazos de justificación de las subvenciones y ayudas hasta fechas muy próximas al final del ejercicio y que ocasionan, según el informe emitido por la Intervención, que no puedan ser verificadas, fiscalizadas y tramitadas para el cierre del ejercicio.
“Hemos intentado ampliar siempre los plazos para que ninguna ayuda o subvención se quedara sin ejecutar y los ayuntamientos no pierdan ese dinero pero a nivel administrativo esto nos ha generado desfases en la regla de gasto”, explica Ramón Millán.
Sin embargo, las medidas que se aplicarán con este Plan Económico Financiero 2019-2020 servirán para corregir el desajuste de manera muy sencilla. Así entre otras medidas, en estos dos años no se podrán tramitar expedientes de modificación presupuestaria que incumplan la normativa de estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, debiéndose enmarcar todos los proyectos y actuaciones bajo el principio de plurianualidad.
El Plan Económico Financiero de la DPT 2019-2020 será remitido al Gobierno de Aragón su aprobación definitiva y seguimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al tener atribuida la competencia de tutela financiera respecto de las entidades locales tal y como recoge el Estatuto de Autonomía de Aragón.
