El 70% de los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción son españoles

Unas 6800 familias reciben el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), lo que supone en la práctica que 17.000 personas (el 30% niños) cuentan cada mes con entre 491 y 736 euros para ayudarles a salir de su situación de exclusión. De ellas, el 70% son de nacionalidad española, y el 67%, mujeres. Estos datos han salido a relucir en el acto de celebración de los 25 años de esta prestación, en el que la DGA ha querido reconocer la labor que realizan desde entonces los profesionales que la gestionan.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, les ha hecho entrega de unos diplomas y ha mostrado su “reconocimiento y gratitud” porque “algunos trabajos requieren de una especial humanidad”. También ha reconocido que tras la crisis “los gobernantes no estuvimos a la altura de las circunstancias, porque se atendieron antes las necesidades de los bancos, dejando por el camino heridas que tardarán en cicatrizar”.

Y por ello, tras la llegada al Ejecutivo autonómico en 2015 “decidimos ser líderes en políticas sociales”. “Teníamos buenos profesionales para ello”, ha dicho, por lo que “solo hacían falta decisiones políticas para que esta sabiduría se hiciera efectiva”. Para ejemplificar este cambio, ha destacado que los convenios con el Ayuntamiento de Zaragoza en esta materia “han pasado de 6 a 16 millones de euros”, y que en estos momentos “el IASS cuenta con el mayor presupuesto de su historia”.

La nueva sede, a pleno rendimiento en octubre

Este acto ha tenido lugar en los antiguos juzgados de la plaza del Pilar, donde desde hace unos meses se han empezado a trasladar las distintas sedes de los servicios del IASS (excepto el Instituto Aragonés de la Juventud, que se mantendrá en su ubicación actual). Por el momento trabajan 160 personas y en octubre, cuando terminen las obras de la segunda fase que están a punto de comenzar, lo harán el resto, hasta albergar una plantilla de 500 profesionales.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, espera que esta se convierta en “la casa de los servicios sociales, porque para nosotros es la verdadera casa de las personas que necesitan atención”. También ha dado las gracias a los profesionales que se ocupan de su gestión por su encomiable labor. “En 2015 familias llevaban diez meses de retraso para recibirla, y en octubre de ese mismo año ya casi estábamos al día”, ha asegurado.