Las víctimas de violencia de género podrán acceder a prestaciones sociales sin necesidad de interponer denuncia

El Instituto Aragonés de la Mujer será quien certifique las víctimas que pueden acogerse a esta medida

La Conferencia Sectorial de Igualdad se reunió ayer en Madrid en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además de fijar los criterios y el reparto de los 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas, se aprobó el título habilitante, que amplía los mecanismos de acreditación de la condición de víctima para acceder a prestaciones sociolaborales sin la necesidad de interponer denuncia.

En este sentido, se ha diseñado un modelo común y consensuado para unificar dicha acreditación administrativa en todo el territorio. El objetivo de esta medida, que ya tenían reconocidas las empleadas públicas víctimas de violencia de género, es mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso.

El Real Decreto-ley 9/2018 de 3 de agosto reconoce la validez de los informes de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia de género de cara a la posibilidad de acceder a los derechos y prestaciones sociolaborales previstos en la Ley orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia de género. Cabe señalar que la denuncia policial sigue siendo la única vía para acceder a la protección policial y para iniciar un proceso judicial.

Las comunidades autónomas establecerán los organismos y servicios de certificación a los que podrán acudir las víctimas que quieran acogerse a esta medida. En el caso de Aragón corresponde al Instituto Aragonés de la Mujer.

4,7 millones para Aragón

Aragón recibirá 4,7 millones de esos 100 en este 2019, una cantidad muy similar a la recibida en 2018. La distribución de fondos responde a criterios territoriales, con especial atención a las mujeres mayores de 65 años y mujeres con discapacidad, mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo. Asimismo, se tendrá en cuenta la población rural y la densidad de población.

Los fondos serán destinados al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad; inserción sociolaboral; campañas de sensibilización y prevención; protocolos de coordinación y colaboración entre las administraciones e instituciones competentes; establecimiento de un sistema de acompañamiento de las mujeres; refuerzo de los servicios de apoyo a los menores hijos e hijas y de los Puntos de Encuentro Familiar; formación especializada en el ámbito educativo y de medios de comunicación, y refuerzo de las Unidades de Valoración Forense Integral.

La Conferencia Sectorial de Igualdad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dispuesto también 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres.

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